Organismos reguladores de servicios públicos cuestionan proyecto de ley que pretende fusionar instituciones

Los titulares de Ositran, Osiptel y Sunass enviaron una carta al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, para manifestar su preocupación sobre la iniciativa planteada en el pedido de facultades legislativas respecto a la pretensión de modificar la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores en los servicios públicos, con la intención de fusionar dichas entidades y convertirlas en un “Organismo Regulador Multisectorial”.

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El escrito señala que esta medida en lugar de fortalecer, simplificar o mejorar la eficiencia en la regulación de los servicios públicos en todo el Perú puede crear un “retroceso en el logro de dichos objetivos, pues la concentración de actividades respecto de sectores económicos tan disímiles, conllevaría a diluir todas los beneficios y eficiencias ganadas por el modelo actual”.

Además, “significaría la ruptura del marco institucional de la autonomía de los organismos reguladores incrementándose la politización y corrupción en las decisiones de política regulatoria de los servicios públicos”.

Asimismo, el Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE “tendrá un impacto significativo en la inversión privada, pues implica un cambio sustancial en el modelo regulatorio peruano que ha acompañado el desarrollo económico del Perú en los últimos 30 años”.

En ese sentido, la norma significa una clara afectación a la autonomía que deben mantener dichos organismos reguladores, ambos aspectos de suma importancia que son analizados por los agentes económicos antes de realizar una inversión en el país.

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Los presidentes de los organismos reguladores cuestionan que esta “medida con efectos económicos tan importantes para nuestro país haya sido planteada sin hacerse público el sustento técnico y legal que la respalda, y mucho menos sin que se haya requerido la opinión previa” de ellos.

Críticas

La propuesta dentro del pedido de facultades legislativas, según el documento presentado en la sesión de la mesa técnica de la Comisión de Constitución del 22 de mayo, apunta a crear una llamada Superintendencia Nacional de Servicios Públicos (Sunaserp).

“Esto puede llevar a una simplificación administrativa, reduciendo la duplicidad de funciones y procesos. Además, [...] puede mejorar la coordinación intersectorial”, se lee en el documento. Otro punto que señala el texto es que habría una reducción de costos con la unificación de los reguladores en energía y minas, telecomunicaciones, transportes y saneamiento.

Al respecto, Alejandro Falla, socio de Bullard Falla Ezcurra+, apuntó a que el argumento de generar ahorros presupuestarios hace dudar de la verdadera motivación de esta propuesta.

Justamente, sostuvo que un cambio en la propuesta debe ser fundamentada y bajo una discusión pública, no “tras bambalinas”.

Por ello, expresó que la manera en que se está realizando esta modificación legislativa afecta el clima de inversiones y de señales negativas, cuando el gobierno busca generar un clima de inversiones y reactivación económica.

Otro punto que se utiliza en el documento de trabajo para sustentar la unificación de organismos reguladores es el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de contar con un regulador multisectorial. Con ello, se explica que, según la OCDE, esto permitirá tener una flexibilidad mayor en la asignación de personal, la reducción del riesgo de una captura regulatoria y se permite una mayor coherencia entre de la regulación entre los sectores.

No obstante, Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostuvo que estas recomendaciones apuntan a que se mejore la coordinación dentro del propio estado, entre los distintos niveles de gobierno y también entre los presidentes de los consejos directivos de los organismos reguladores.

En ese sentido, explicó en la ponencia “¿Por qué los organismos reguladores están en la mira de la PCM?” que la mejora de la coherencia regulatoria recomendada por la OCDE se refiere a generar institucionalidad entre los actores del Estado y mejorar la autonomía de los propios reguladores.