El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, defendió el proyecto de ley que declara de interés nacional la modernización de la refinería de Talara y que enmarca esa inversión en una modernización de la petrolera estatal Petro-Perú, de modo que el 49% de su accionariado termine en manos privadas a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
La participación privada hace que no haya un sometimiento (al Estado) y que no sea tratada como la caja chica, como se ha tratado a las empresas públicas históricamente. La idea es modernizar la empresa y parte de ello es la puesta en marcha de este proyecto (la modernización de Talara). Es mucho más que ese proyecto, comentó durante una entrevista en RPP.
Comentó que llegar a un 49% de participación privada en la petrolera estatal requiere hacer una reestructuración en el tiempo y que, una vez que se logre ese objetivo, recién la empresa pueda incursionar en otro tipo de emprendimientos.
NO ES GIRO DE TIMÓN Respecto a las críticas que señalan que dar luz verde a la modernización de Talara a través de una garantía estatal para obtener el financiamiento de US$3.500 millones requerido para este fin contradice el estilo fiscalmente responsable que ha mostrado el ministro Castilla hasta ahora, el funcionario señaló que el proyecto que deberá ser aprobado por el Pleno del Congreso es técnico y responsable.
Arriesgado sería meterse a exploración, arriesgado sería meterse a actividades de comercialización, que no corresponden con el costo de oportunidad que puede tener el Estado dedicándose a otras actividades. Castilla hay uno solo. No soy bipolar, soy coherente en lo que hago, hemos analizado técnicamente el proyecto, hemos visto que hay estudios que lo respaldan y hemos visto las limitaciones de lo que puede y no puede hacerse, señaló.
Detalló que la modernización de la refinería se llevará a cabo con garantías parciales por parte del Estado sobre el crédito financiará la modernización de Talara, pero con el compromiso de Petro-Perú de repagar esa garantía una vez que los compromisos contractuales del endeudamiento se hayan cumplido.
Se debe ver todo en su contexto. Se dice que el Estado va a meter US$3.000 millones, cuando es una garantía que puede que no se ejecute y, si se ejecuta, hay un compromiso de pago al Estado por parte de la empresa, comentó.
Sobre la preocupación que ha generado en el personal de Petro-Perú el anuncio de la reorganización de la petrolera para convertirla en un símil de otras estatales de la región, como Ecopetrol, Castilla explicó que no estamos en la década de los 90, estamos en otra situación en el tiempo, donde hay muchos funcionarios destacados que han hecho este trabajo, dijo.