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Los continuos bloqueos y ataques contra unidades mineras registrados en el gobierno de Pedro Castillo y los meses posteriores a su encarcelamiento costaron al país 0,5 puntos porcentuales de crecimiento del PBI en el 2021 y un número similar (0,56 puntos) en el 2022.
Esto significa que el PBI nacional pudo haber crecido 13,8% en el 2021 y 3,2% en el 2022, en vez de 13,3% y 2,7%, indicó Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
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Tal es uno de los principales alcances del estudio El Impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, el cual centra su análisis en la paralización de once operaciones mineras de cobre, estaño, oro y zinc en ocho regiones del centro y sur del país.
Es el caso de Las Bambas, Cuajone, Antapaccay y Antamina, minas de cobre que detuvieron actividades por hasta dos meses, ocasionando una pérdida acumulada de 185 TM del metal rojo, equivalentes al 7,8% de la producción del país (tomando el promedio de los últimos cuatro años).
A ello se añade los bloqueos y ataques a otras siete minas de menor tamaño, que se saldaron con caídas de 21,4% en la producción de estaño, 2% en la de plata y zinc, 1,5% en la de plomo y o,8% en la de oro.
Como consecuencia, la entidad estima que se dejaron de producir minerales por un valor de S/4.775 millones, con un costo para el país de S/6.991 millones por el lado del PBI y S/.1.791 millones por el lado de la recaudación fiscal.
Esto, además de los puestos de trabajo que se dejaron de generar: 60.800 de forma anual.
El IPE apunta que la región más afectada por esta problemática ha sido Apurímac, sede de Las Bambas, la cual podría haber generado un PBI adicional de US$3.650 millones entre 2021 y el primer trimestre del 2023.
“Con ello, el PBI por habitante de Apurímac podría haber sido de S/19 mil en 2022, un tercio superior a lo observado (S/14 mil)”, señaló Gallardo.
PROYECTOS MINEROS
El IPE también ha calculado el costo para el país de los 23 proyectos (de un total de 46 en cartera) que se encuentran paralizados por “factores ajenos a la voluntad de las empresas”.
Es decir, por conflictos sociales y demoras en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y la consulta previa.
De acuerdo a la institución, esta demora ha costado casi S/700 mil millones al PBI, S/123 mil millones a la recaudación fiscal y hasta 666 mil puestos laborales.
“Si (estos proyectos) se hubieran ejecutado, el crecimiento anual del PBI podría haber pasado de un promedio anual de 3,9% a 4,7% entre 2008 y 2022, reduciendo la pobreza en 1,7 millones de personas adicionales”, remarca el IPE.
Los proyectos mineros con más demoras a cuestas (una década cuando menos) son Conga, Tía María, Galeno, Magistral, Río Blanco, Haquira, Los Chancas y Quechua, todos ellos de cobre.
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