El Consejo Fiscal (CF) advirtió un shock fiscal severo para este año, pues podríamos alcanzar niveles similares al del primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990).
“El déficit fiscal podría alcanzar niveles de dos dígitos similares al de fines de la década de los ochenta”, señaló el organismo en un informe.
El CF también prevé que la deuda pública del país se eleve entre ocho y 15 puntos porcentuales. “En cualquiera de los escenarios, nuestra fortaleza fiscal será fuertemente afectada”, añadió.
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Por otro lado, la entidad calcula que el PBI caerá entre 10% y 20% en términos reales este año, mostrando un rebote en 2021.
“Los resultados obtenidos dependen de los supuestos adoptados en torno a la evolución de la economía mundial, la escala y duración de las políticas de distanciamiento físico, y el grado de la recuperación económica posterior”, indicó.
El escenario fiscal, no obstante, no es tan optimista. Según el CF se requiere una reforma fiscal que eleve los ingresos y genere una mayor eficiencia del gasto público.
Sin esta reforma, la convergencia de la deuda pública por debajo de su límite legal de 30% del PBI sería improbable, advirtió.
Para el Consejo Fiscal, recuperar la fortaleza fiscal con la que el país contaba antes del COVID-19 requerirá de avanzar en varios frentes:
- Primero. Restituir un sistema de reglas fiscales que permita establecer límites, a las acciones de política de los distintos poderes del Estado, consistentes con mantener las finanzas públicas sostenibles.
- Segundo. En tanto se mantenga la suspensión de las reglas fiscales, es importante evaluar cuál es el nivel de deuda sostenible en el nuevo entorno y cuáles son las políticas de ingresos y gastos consistentes con ese nivel de deuda, teniendo en consideración que se necesitará generar un mayor espacio fiscal para cubrir demandas estructurales como el de nuestro sistema de salud. Una reforma tributaria que eleve significativamente la recaudación fiscal es funcional para estos propósitos.
- Tercero. Ahora, mucho más que antes, es necesario actuar con responsabilidad fiscal y evitar iniciativas legislativas que generen incrementos permanentes del gasto público o que erosionen la capacidad de generación de ingresos públicos.
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