Desde la entrada en vigencia del estado de emergencia por el coronavirus, muchas personas se han visto impactadas por despidos o falta de ingresos ante la imposibilidad de realizar sus actividades. De hecho, según el INEI, más de 1,2 millones de personas en Lima perdieron su empleo entre febrero y abril.
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Frente a ello, congresistas de diferentes bancadas vienen planteando iniciativas para suspender el pago de los servicios bancarios y financieros.
A la fecha, el Congreso ha presentado nueve proyectos de ley que buscan condonar el pago de intereses compensatorios y moratorios de los servicios bancarios (por préstamos personales, hipotecarios, pymes y mypes) durante el estado de emergencia, que ahora durará hasta el 30 de junio.
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Otros, incluso, plantean suspender los pagos de obligaciones crediticias por hasta 12 meses una vez concluido el estado de emergencia.
IMPACTO EN LOS AHORRISTAS
Si bien estas medidas buscan generar alivio en los bolsillos de los peruanos, terminarían afectando no solo la solvencia de las entidades del sector, sino también a los ahorristas que depositan su dinero en el sistema financiero, señala Ljubica Vodanovic, líder de Regulación Financiera y Fintech de EY Law.
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En esa misma línea, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas en el Perú (Asomif), indicó que estas propuestas legislativas crean un espacio complicado para un sector ya golpeado. Ello, pues no se generarán ingresos suficientes para hacer frente a las obligaciones de quienes depositan su dinero en el sector financiero. Por ello, consideró que se podría “provocar la insolvencia de varias empresas”.
“El impacto no solo es para las instituciones de las microfinanzas, sino también para los ahorristas y depositantes, porque nosotros somos la bisagra y les damos préstamos a las micro y pequeñas empresas”, indicó.
Especificó que el sector microfinanciero vive de los intereses, que es el servicio de prestar el dinero por un periodo. En tanto las personas paguen los intereses (tasas activas) por los créditos tomados, las entidades podrán pagarles a quienes depositen su dinero (tasas pasivas).
En tanto, Sergio Barboza, socio de DLA Piper Perú, alertó que lo que se estaría generando en la banca, con la aprobación de estas propuestas, es por lo menos “un riesgo sistémico altísimo y una ruptura en la cadena de pagos”.
Asimismo, señalo que las entidades que se verían más afectadas por estas medidas serían las que estén menos diversificadas en sus productos.
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“Si tienes un banco o una financiera que vive de uno o dos productos que calzan con estas normas, las estás aniquilando [con estas exoneraciones de intereses]. Hay bancos que dan solo préstamos de consumo, que están aliados a tiendas [y serían los más perjudicados]”, precisó.
LO QUE SE VIENE HACIENDO
Vodanovic consideró que estas propuestas son inconstitucionales e innecesarias, pues las empresas tienen la libertad de gestionar sus riesgos. Y en este último punto, algunas entidades ya vienen condonando intereses y reprogramando créditos, en función a sus riesgos y cartera crediticia, sin perjudicar la salud de la entidad.
Cabe señalar que la Superintendencia de Bancos y Seguros facultó a las empresas del sistema financiero a adoptar facilidades para las personas naturales y empresas que tengan deudas y no hayan cumplido con sus pagos por el impacto del COVID-19.
Al 22 de mayo, se ha reprogramado el 32% del total de la cartera de créditos de entidades financieras asociadas a Asbanc, reportó dicha entidad.
Desde la comisión de Economía del Congreso, explicaron a El Comercio que estos proyectos han sido remitidos al Ministerio de Economía para sus comentarios y esta semana estas iniciativas no serían puestas a debate en la agenda de la comisión. Se buscaría tener una sola medida consolidada.
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