Intención de Petro-Pérú para comprar activos de Repsol es inconstitucional

EL COMERCIO

La decisión del Gobierno Peruano de participar en la compra de la refinería La Pampilla y sus 400 estaciones de servicio, propiedad de Repsol, ha suscitado reacciones encontradas.

Especialistas consultados por El Comercio evidenciaron su inconstitucionalidad.

Según el experto en derecho de la competencia, Alejandro Falla, el Estado no ejercería ningún rol subsidiario al ingresar al negocio de la comercialización de hidrocarburos, pues tendría que competir con privados dispuestos a desarrollar dicha actividad.

En el caso de las estaciones de servicio, no tiene ningún sentido que empresas del Estado ingresen a realizar actividad económica. Una medida así solo se justificaría si los grifos estuvieran ubicados en el Vraem, donde nadie quiere ir, señaló el abogado.

Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, puso de manifiesto la oposición del gremio minero-energético a la decisión del gobierno.

Estamos totalmente en contra de la participación del Estado en este tipo de aventuras porque, como bien dice la Constitución, el rol subsidiario se aplica solo cuando existe ley expresa o cuando un privado no puede o no quiere participar, y en este caso no se da ninguno de ambos requisitos, señaló.

Añadió que la situación económica de Petro-Perú no justifica su ingreso a La Pampilla, máxime cuando muchas refinerías en el mundo están cerrando por temas de competitividad.

La principal prioridad de Petro-Perú debería ser, en todo caso, modernizar la refinería de Talara, donde las cifras de inversión para ejecutar esta obra son cada vez más grandes y preocupantes, dijo.

Edgardo Candela, experto en temas de energía, aclaró que no será Petro-Perú el que participará en la administración de los activos de Repsol, pues no tiene dinero para ello. Refirió que el Gobierno, en todo caso, tendría que crear una nueva empresa para ello.

EL GOBIERNO TENDRÍA MAYORÍA Un experto en energía que pidió no ser identificado especuló que la verdadera intención del Gobierno Peruano es adquirir el 51% de los activos de Repsol, para administrar sus grifos. Ello puesto que ninguna empresa privada o estatal querría comprar una refinería que brinda una rentabilidad de solo 1% o 2%. Para cualquier privado sería una carga muy grande operar una refinería como La Pampilla, que necesita una inversión de US$2.000 millones para ser modernizada. Por ello, una posible explicación es que no hay otro comprador para la refinería que el propio Estado. Su precio no superaría los US$400 millones.