El lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria previsto para hoy es una oportunidad para recordar los perjuicios que dejó la reforma agraria iniciada en 1969 por la dictadura militar de Juan Velasco, evaluar la evolución reciente del sector y discutir alternativas para que la agricultura se convierta en el motor de bienestar para los casi cinco millones de trabajadores que dependen de ella. No cabe lugar para una segunda equivocación.
Las décadas perdidas
La reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En ese período, las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo parceladas o abandonadas. De acuerdo con un estudio del INEI, este período se caracteriza por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria.
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En efecto, entre 1970 y 1980, la productividad del agro se redujo en 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca de 18%, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Sin embargo, el impacto no fue solo económico. Un reciente estudio de Grade, que usó una novedosa base de datos de predios expropiados durante el período 1969-1985, revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después de la reforma agraria.
El ‘boom’ exportador y el reto pendiente
El rumbo del agro en el país tomó un nuevo giro hacia fines de la década de los noventa. La combinación de un entorno regulatorio laboral y tributario más favorable, el desarrollo de proyectos de irrigación de gran envergadura y la mayor apertura de la economía sentaron las bases para la ejecución de inversiones privadas que impulsaron la modernización e internacionalización de un segmento importante de la agricultura peruana.
Con estas nuevas reglas de juego, y junto a la mayor demanda global, las agroexportaciones se multiplicaron casi 12 veces en los últimos 20 años, al pasar de US$634 millones en el 2001 a US$7.500 millones en el 2020. Como resultado, el Perú se ha posicionado como uno de los principales productores del mundo de arándanos, espárragos, quinua, uvas, paltas y mangos. Los beneficios también se han visto reflejados en el ámbito laboral. Los trabajadores asalariados formales de la agroindustria registran salarios 2,6 veces superiores a los del sector informal.
Pese a esta reciente expansión, la agricultura peruana aún posee el reto de aprovechar sus ventajas comparativas, como la diversidad de climas y sus tierras a bajo costo, para recuperar la productividad perdida. Según los indicadores de desarrollo mundial, se necesitan cinco agricultores peruanos para producir lo que puede generar, en promedio, un trabajador agrícola chileno o brasileño. El reto también está al interior del país. Usando datos del INEI, la productividad agropecuaria por trabajador en Ica resulta 14 veces más alta que en Huancavelica.
Objetivo: mayor productividad
Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la mejora de la productividad agropecuaria requiere un paquete integral de servicios que incorpore la creación de capacidades a través de la formación y la capacitación, brinde opciones más asequibles e inteligentes de financiamiento, y fortalezca la distribución de insumos. Estos factores, apalancados en la virtualidad y el uso de nuevas tecnologías, resultarían en mejores oportunidades comerciales. Sobre el uso de la tecnología, Trivelli hace énfasis en el rol que pueden cumplir los jóvenes en la renovación generacional del agro de las zonas rurales, especialmente a través del desarrollo de productos de mayor valor agregado.
Ese paquete de servicios –señala Ricardo Fort, investigador principal de Grade– requiere ser complementado por el fomento del desarrollo del mercado de tierras y de plataformas de coordinación que solucionen las fallas de articulación entre los diferentes niveles de gobierno y con el sector privado. Fort indica que la inversión pública no será suficiente para cerrar las brechas de productividad. Las empresas más consolidadas del sector, a través de una articulación público-privada, serían una fuente rica de acceso a conocimiento, tecnologías y nuevos mercados para los pequeños agricultores. Más que una segunda reforma agraria, de lo que se trata es de dar herramientas efectivas para que el sector sea más productivo y no poner en riesgo lo conseguido a la fecha.
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