Ley de Delitos Informáticos podría ser declarada inconstitucional [VIDEO]

Erick Iriarte, socio principal de Iriarte Asociados y experto en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, consideró que la Ley de Delitos Informáticos debe ser derogada, modificada o, incluso, podría ser declarada inconstitucional porque sus ambigüedades van a afectar los derechos de muchas personas.

El abogado consideró que, para evitar el efecto negativo de esta norma, un camino es “pedir que se derogue o modifique por medio de otra ley” en el Congreso, pero que otro es que los congresistas, colegios profesionales o los propios ciudadanos mediante cinco mil firmas inicien una acción de inconstitucionalidad.

Finalmente, el abogado indica que podría ocurrir que se publique una fe de erratas para corregirla, como ha sucedido con otros proyectos de ley.

LEY AMBIGUA Sobre la iniciativa legislativa, el abogado afirma que “es cierto que esta norma tal como ha sido establecido va afectar derechos de muchos porque sus ambigüedades son lo suficientemente amplias para no saber cuándo una cosa va a ser delito y cuándo no”, explica.

Una de las imprecisiones más evidentes que apunta el especialista es el uso de ciertas expresiones como por ejemplo “alterar un dato informático”. El problema con esta expresión radica en que dentro de ella también podría incluirse el término modificación, que no necesariamente implicaría una intención ilícita.

De este modo, si por ejemplo un compañero de trabajo modifica un documento de otra persona sin intención dolosa, esta modificación podría eventualmente ser considerada un delito.

Otro de los conflictos en los que entra la norma es que “también podría ser utilizada para amenazar a una determinada persona que diga cosas en contra del establishment. Se le podría acusar de un delito informático”, señala.

Además, el abogado señala que la ley tiene “cuestionamientos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al debido proceso, a la libertad de empresa, a la presunción de inocencia, dependiendo del ángulo del que se coloque”.

La norma, indica Erick Iriarte, ha pecado desde su nacimiento, ya que se ha implementado sin tomar en consideración acuerdos internacionales relacionados al tema.

“La gran crítica que se ha hecho y que es el núcleo de todo lo que se ha dicho hasta ahora es que primero se debió firmar el acuerdo internacional de cibercriminalidad, o Acuerdo de Budapest, y luego se debió haber hecho la modificación normativa para terminar de adecuar los tipos penales y dar las herramientas a jueces y policías”, afirma.