La política fiscal del próximo Gobierno tendrá la delicada tarea de compatibilizar objetivos contrapuestos entre sí. Por un lado, consolidar las finanzas públicas para reconstruir la capacidad de respuesta ante posibles eventos externos desfavorables. Por el otro, financiar las ofertas electorales prometidas durante la campaña. Esta tarea es crucial dada la debilidad de la caja fiscal provocada por la pandemia.
Las agencias internacionales de rating han advertido que, para mantener la calificación crediticia del Perú, es imprescindible recuperar el espacio fiscal en un plazo prudente, sea ajustando el gasto o incrementando los ingresos fiscales permanentes –es decir, recuperar el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público para gastar o invertir en determinado fin sin comprometer la sostenibilidad financiera–.
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Lamentablemente, esta preocupación está ausente en la mayoría de planes de los partidos políticos en la contienda electoral. Se ofrecen incrementos en el gasto público imposibles de atender sin vulnerar la estabilidad macroeconómica, especialmente en este contexto en el que nuestra capacidad de endeudamiento está en el límite de lo que se establecía en el marco fiscal.
Desde Propuestas del Bicentenario, plataforma articulada por Videnza Consultores, evaluamos el costo fiscal de los planes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones. Por costo fiscal nos referimos al gasto adicional que implicarían las medidas planteadas en dichos planes respecto al gasto fiscal actual.
Para el análisis, consideramos los partidos políticos que lideran las diez primeras posiciones de preferencia electoral según el simulacro de votación de Ipsos del 14 de marzo. Para definir la razonabilidad de estas demandas adicionales de gasto, determinamos que un nivel de 2% del PBI (equivalente a S/ 15.000 millones) sería consistente con la sostenibilidad de las cuentas públicas según los escenarios fiscales proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el último informe preelectoral.
Los resultados evidencian que todos los planes de gobierno superan este límite razonable establecido para el incremento del gasto. Los partidos políticos con los mayores costos fiscales adicionales a lo ya presupuestado son Perú Libre con S/ 123,780 millones (16,5% del PBI), Juntos por el Perú con S/ 89.277 millones (11,9% del PBI) y Acción Popular con S/ 73.222 millones (9,8% del PBI).
En el caso de Perú Libre, el costo fiscal representa más de la mitad del gasto público asignado para el presente año (68,5%), mientras que para Juntos por el Perú representa 49,4% y Acción Popular 40,5%. Los adicionales de gasto público más bajos los tienen Avanza País, Victoria Nacional y Renovación Popular, con incrementos de 2,1; 2,6 y 3,5% del PBI, respectivamente.
Por tipo de gasto, Acción Popular y Perú Libre plantean destinar S/ 41.709 millones adicionales al sector educación por año, pues han establecido que el 10% del PBI debe ir a dicho sector. Ese monto representa 1,3 veces el gasto público asignado a educación para el 2021. Es decir, proponen más que duplicar el presupuesto actual.
Perú Libre (S/ 47.370 millones) y Fuerza Popular (S/ 26.035 millones) ofrecen destinar la mayor cantidad de recursos presupuestarios adicionales al sector salud: 2,3 y 1,2 veces el gasto público asignado a dicho sector este año. En cuanto al gasto de inversión en infraestructura (transporte, vivienda, saneamiento, comunicaciones y agricultura), Juntos por el Perú (S/ 32.280 millones) y Podemos Perú (S/ 25.385 millones) plantean presupuestos de 2,3 y 2 veces más, respectivamente, que el gasto público actual.
También analizamos las dimensiones económicas y fiscales de cada plan, utilizando los estándares de finanzas públicas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Encontramos que las dimensiones con mayor nivel de adhesión a los principios establecidos son reactivación económica (65%), transparencia (55%) y rol redistributivo de la política fiscal (50%).
En contraste, los de menor calificación son deuda pública (30%) y déficit fiscal (28%). Los partidos políticos con el mayor nivel de cumplimiento de estos principios son el Partido Morado (75%), Victoria Nacional (65%), Podemos Perú (60%) y Alianza para el Progreso (55%). Por debajo están Juntos por el Perú (45%), Fuerza Popular (38%), Avanza País (35%), Renovación Nacional (23%), Acción Popular (15%) y Perú Libre (13%).
Cinco conclusiones emergen de este análisis. Primero, existe una total desconexión entre lo que se promete y la capacidad del país de financiar estas ofertas. Segundo, la promesa de un mayor Estado corresponde a las tradicionales divisiones ideológicas entre izquierda y derecha. Tercero, muchos partidos pretenden resolver las necesidades de la ciudadanía simplemente asignando mayor gasto público, olvidando lo fundamental: se requieren mejoras en la eficiencia del gasto para brindar servicios básicos de calidad. Cuarto, no se ha internalizado que atravesamos una situación de estrechez fiscal y que una expansión desmedida del gasto introduciría desequilibrios significativos y gatillaría una crisis macroeconómica como las que sufrimos en el pasado.
Esa crisis, llevaría a una disminución del grado de inversión del país por las instituciones internacionales y se reflejaría rápidamente en un incremento del costo del endeudamiento. Por último, estas propuestas parecieran desconocer que tomó muchos años de esfuerzo y perseverancia construir la credibilidad con la que cuenta el manejo económico. No echemos por la borda lo avanzado.
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