La concesionaria Angostura Siguas, perteneciente a la empresa Cobra, solicitó iniciar el trato directo para la caducidad del contrato de Majes Siguas II. En la carta entregada ayer al Ministerio de Economía y Finanzas y a la gobernadora regional de Arequipa en funciones, Kimmerlee Gutiérrez, indicó que una vez cumplido el plazo del trato solicitarían el arbitraje por daños y perjuicios causados por el “intento fallido de firma de la adenda 13″.
La concesionaria señaló que se ampara en la cláusula 16.1 del contrato, que especifica que las partes pueden solucionar sus controversias mediante un trato directo previo a un arbitraje internacional. El plazo de las negociaciones durará, al menos, seis meses y el tiempo inicia a correr desde que se presentó la solicitud. La indemnización que pediría Cobra ante el Ciadi sería de US$220 millones aproximadamente.
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En la carta Angostura Siguas indica que solicitará el “pago de cualquier obligación pendiente bajo el contrato de concesión, los daños y perjuicios que han sido causados a la concesionaria en ejecución del contrato y con ocasión del intento fallido de firma de la adenda 13, incluyendo, pero sin limitarse, los sobrecostos causados por las constantes suspensiones y por los incumplimientos de las obligaciones del concedente”.
El 11 de enero pasado la concesionaria ya había solicitado la caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II. Según pudo conocer este Diario, la controversia podría resolverse dentro del plazo de trato directo en caso el Consejo Regional de Arequipa apruebe la adenda 13 del contrato. El documento todavía se encuentra siendo analizado por la comisión de Agricultura, que tiene a dos consejeros a favor de los cambios que propone, mientras que un integrante se encuentra a favor.
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El proyecto de irrigación Majes Siguas II añadirá 38.500 hectáreas de riego y 145 mil empleos formales a la región Arequipa. La adenda 13 modificará su sistema de riego y elevará su inversión de US$550 millones a US$654 millones. Sus obras se encuentran paralizadas desde diciembre del 2017 y solo cuentan con un avance del 16%.
Rumbo al arbitraje
Según José Manuel Abastos, socio del estudio Hernández y abogado del Gobierno Regional de Arequipa durante la elaboración de la adenda 13, si bien el trato directo da la opción para que el concedente y el concesionario lleguen a un acuerdo respecto a la controversia, los más de cuatro años de paralización del proyecto y los intentos previos de Cobra de pedir la caducidad del contrato advierten que será difícil que este desista de su decisión.
“Este paso debe ser mirado en conjunto con el proceso de caducidad del contrato que ya había iniciado. Si las partes no han solucionado sus diferencias en años, es poco probable que se resuelva en pocos meses”, agregó Abastos.
“En la práctica, el trato directo puede ser un trámite hacia el arbitraje. Difícilmente uno esperaría que se resuelva con optimismo en esta etapa”, señaló.
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En tanto, Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, indicó que la solicitud de trato directo puede ser un mecanismo del concesionario para acelerar la aprobación de la adenda 13.
“Si en esos meses se soluciona la adenda, las partes pueden coincidir en firmar un acta para que se corte el proceso de trato directo. Ese es el objetivo, que durante el trato directo los funcionarios se apuren para llegar a acuerdos. Si se firmara la adenda, el trato directo queda anulado en lo que se refiere a caducidad”, aseguró.
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Carrillo instó al MEF a mostrar más liderazgo y a aconsejar a los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa para tratar de evitar un arbitraje internacional.
“El Estado debe negociar para que se quite el trato directo y otros reclamos en caso de que se apruebe la adenda”, remarcó.
Reacción
Elmer Pinto, presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa, cuestionó los motivos de Cobra al solicitar el trato directo.
“Esperemos que esta decisión de la concesionaria no sea una maniobra para chantajear y continuar con la administración del proyecto”, señaló. La comisión debe presentar el dictamen que aprueba –o no– la adenda 13 de Majes Siguas II. Dos de los tres consejeros que la integran están en contra de la modificación contractual.
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