QuéMajes Siguas II se convirtió en el segundo megaproyecto agrario concesionado como Asociación Público Privada (APP) que tendrá que retornar al Estado tras la caducidad de su contrato. El 1 de setiembre la concesionaria Angostura Siguas, de propiedad de la española Cobra, anunció la resolución contractual luego de que se venciera el plazo para que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) subsanara una serie de presuntos incumplimientos a los acuerdos llegados en la Adenda 13.
Anteriormente, en octubre de 2022, un tribunal internacional caducó el contrato de concesión de Chavimochic III por incumplimientos tanto del Gobierno Regional de La Libertad como del Consorcio Chavimochic S.A. -integrado por OEC (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero)-. Hoy el proyecto está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que decidió que concluirá la construcción de la presa Palo Redondo a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mientras que las obras del canal madre serán concesionadas a través de una APP por el Gobierno Regional de La Libertad.
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La inversión comprometida en infraestructura sin ejecutar de ambos proyectos, que están paralizados desde 2017 y 2016 respectivamente, asciende a aproximadamente US$950 millones. Sumado a esto están los más de 190 mil empleos potenciales que podrían generar, además de la producción agraria para consumo interno y exportación.
A pesar de estos beneficios para la economía, las APP parecen no haber sido solución para sacar adelante megaproyectos agrarios.
“Un problema en estos casos fue la estructuración de los proyectos que se hicieron sin tener claro que el Estado estaba en la capacidad de cumplir con las funciones que establecía. Hoy se está tomando más en cuenta ese punto en los proyectos de Proinversión. Lo cierto es que el Estado no tiene capacidad para resolver los conflictos, de poder aceptar que incumplió el contrato ni para poder negociar acuerdos”, señaló Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU.
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A la mala estructuración se suma la falta de fortaleza institucional de los Gobiernos Regionales para poder destrabar proyectos.
“Los concedentes [los Gobiernos Regionales de Arequipa y La Libertad] no tenían ni la capacidad ni la experiencia para resolver estas situaciones. Son proyectos complejos, que estas entidades no habían visto antes. No se trata de señalarlos como ineficientes, sino que no tenían las capacidades ni el expertise para sacarlos adelante”, explicó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

Regresar al Estado
El destrabe de Chavimochic III, aunque lento, tiene una hoja de ruta definida. El Midagri lanzará un concurso internacional para que se culmine la construcción de la presa Palo Redondo. A pesar de esto, el cronograma original de la cartera avizoraba que se firmara el contrato en abril del 2024, es decir, cada vez los plazos son más ajustados.
Día1 le consultó a la cartera si habría una actualización de fechas, pero no obtuvo respuesta. La semana pasada, Jennifer Contreras asumió como ministra del sector en reemplazo de Nelly Paredes.
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Por otro lado, el panorama de Majes Siguas II es más difuso. En estos meses el concesionario deberá coordinar con el GRA el proceso para la devolución del proyecto. Una vez la entidad lo tenga en su poder, su Consejo Regional decidirá lo que se realizará a futuro.
“Por ahora el GRA debe buscar otra modalidad para licitar el proyecto. La decisión de que retorne al Gobierno Central todavía no está tomada. Yo creo que sería importante escuchar lo que la Autoridad Nacional de Infraestructura tenga que decir, ver cómo lo plantearía el Gobierno Central para ver cuál sería la mejor decisión”, indicó Fernando Cornejo Pacheco, consejero regional de Arequipa.
Según el funcionario, Cobra solicitó que se realice un inventario y una auditoría que determine el avance exacto de las obras de Majes Siguas II. En base a los resultados de la misma, la empresa determinaría cuáles serían sus reclamos en un futuro arbitraje.
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