VenezuelaPor Junior Miani
Luego de casi siete años desde que se paralizaran las obras de Majes Siguas II, la concesionaria Angostura Siguas, de propiedad de la española Cobra, caducó su contrato de concesión. La empresa señaló que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) incumplió los acuerdos firmados en reiteradas ocasiones, por lo que pedirá una indemnización de, al menos, US$200 millones. Sin embargo, el país no solamente sufrirá el daño económico, sino también por la nueva espera que se tendrá que realizar para la reanudación del megaproyecto agrario.
Desde el 1 de setiembre comenzó a correr un plazo de seis meses en los que Cobra y el GRA, según el contrato de concesión, deberán negociar un trato directo que evite que las controversias entre ambos lleguen a un arbitraje internacional ante el CIADI. Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, es improbable que se llegue a un acuerdo.
“Hay un periodo de seis meses para que las partes lleguen a un trato directo, pero en la práctica -y en general- ese plazo lo usan los privados para preparar la demanda arbitral, que toma tiempo. Entonces, una vez vencidos los seis meses, a los pocos días ya tienen la demanda lista para presentar”, indicó.
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Aunque no lleguen a un acuerdo sobre los incumplimientos, ambas partes sí deberían solucionar en esos seis meses cómo el control total del proyecto retornará al Estado.
“Las partes no llegarán a un acuerdo antes del arbitraje, pero sí deberían de acordar cómo se devolverá el proyecto. Al concesionario no le beneficia tener los bienes de un proyecto en el que ya no va a trabajar, entonces es de su interés [que retornen al Estado]”, explicó Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU.
Una vez Majes Siguas II retorne al Estado, este último deberá de definir si lo va a volver a licitar y de qué manera lo hará. Según Fernández Dávila, tras el fracaso en la consecución del destrabe, el Ejecutivo seguiría los pasos de Chavimochic III, es decir, buscaría que el Gobierno Central recupere la titularidad del proyecto frente al GRA y lo licitaría a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G).
“Convocar el proceso de G2G requiere un periodo de diseño del proyecto, lo que podría hacer que la adjudicación tome dos años más. Volver a lanzarlo a través de una Asociación Público Privada, no sería más rápido porque el proceso se entramparía por el arbitraje”, indicó.
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Cárdenas coincidió en que podría tardar hasta dos años una nueva licitación, aunque no adelantó de qué forma se realizaría.
“En primer lugar el activo tiene que regresar al Gobierno Nacional. Este no puede ‘arranchárselo’ al GRA, sino que el Gobierno Regional debe aceptar sus limitaciones y aceptar que retorne al Central. Ahí se debería determinar si la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) lo vuelve a licitar. La decisión podría tardar meses o hasta un par de años”, remarcó.
Ineficiencia
Majes Siguas II tuvo una paralización repentina y un intento de destrabe turbulento. Cobra paralizó las obras del proyecto en diciembre del 2017, aduciendo que se debía de actualizar el sistema de riego del mismo, ya que el aprobado en el 2010 era obsoleto para la nueva tecnología. Desde entonces el Ejecutivo, el GRA y el concesionario negociaron la aprobación de la adenda 13 del contrato que aprobara el cambio y elevara la inversión de US$550 millones a US$654 millones.
En enero del 2022 la empresa presentó su primera solicitud de caducidad del contrato porque no se aprobaba la adenda. La alarma se calmaría meses después, ya que las partes lograron resolver la controversia dentro de plazo del trato directo y la adenda 13 se aprobó en julio de ese año.
Sin embargo, desde entonces no hubo avances concretos para el reinicio de las obras. La adenda exigía que Cobra levantara observaciones al expediente de las obras de la fase 2, así como la presentación de su plan de trabajo para las obras de la fase 1. En tanto, el GRA tenía plazo para entregar el control del proyecto hasta el 12 de enero del 2023, plazo que se amplió hasta el 11 de abril del mismo año. Durante estos últimos meses, Cobra y el GRA se señalaban mutuamente indicando que no cumplieron con las exigencias de la adenda y, llegada la segunda semana de abril, el concesionario volvió a solicitar la caducidad que se materializó la semana pasada.
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Según Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz, el cambio de gestión en el GRA terminó por imposibilitar el destrabe. Indicó que la anterior gestión tuvo la intención de reiniciar las obras y logró aprobar la adenda 13, pero los nuevos funcionarios, que ingresaron a la entidad el 1 de enero del 2023, decidieron dejar de trabajar con la concesión.
“No se puede entender cómo el proyecto, que es tan importante, se intentó sacar adelante y se cayó por estas imputaciones de incumplimientos mutuos. Los problemas con la entrega de terrenos, la contratación de los supervisores, etc. ya eran conocidos por ambas partes, entonces no encaja que se dejaran de subsanar y se llegara a la caducidad”, resaltó.
En ese sentido, remarcó que es muy difícil sacar adelante grandes proyectos a través de Gobiernos Regionales débiles institucionalmente.
“No puedes dejar en manos de Gobiernos Regionales débiles la responsabilidad de tener contratos de tal importancia. La adenda 13 fue difícil de negociar, tuvo intervención del Congreso, y finalmente se cayó. También es un aprendizaje el hecho de que no se pueden alcanzar soluciones si se negocia por partes y de manera incompleta. Hubo hitos del proyecto que no fueron completados por el GRA y aun así la entidad siguió negociando [como si no hubiera incumplimientos]. Entonces era un Gobierno Regional con pocas fortalezas que tuvo una negociación que no pudo sacar adelante”, remarcó.
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Cárdenas y Fernández Dávila coincidieron con esta última opinión.
“Aunque suene mal, hay que centralizar el proyecto porque tiene muchos riesgos dejarlos en manos del Gobierno Regional. Si se cambia la gestión y a la entrante no le interesa el proyecto, en poquísimos meses todo se va a pique”, dijo Cárdenas.
“La actitud del GRA fue negar siempre que incumplió el contrato y así no vas a llegar a ninguna solución”, agregó Fernández Dávila.
Cabe recordar que el proyecto de irrigación Majes Siguas II añadirá 38.500 hectáreas de riego y 145 mil empleos formales a la región Arequipa. Esto impulsará la producción de uvas, alcachofas y otros sembríos. A pesar de que sus obras iniciaron en el 2010, solo cuentan con un avance del 16%.
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