Majes Siguas II: ¿qué tan cerca está Cobra de elevar sus reclamos a un arbitraje internacional?

Desde la firma de la adenda 13 del contrato de concesión ambas partes tenían diversas obligaciones para poner a punto la fase previa a las obras, que -luego de una reprogramación- tenían abril como fecha de reinicio. Según pudo conocer El Comercio, en la reunión el GRA sostuvo que Cobra no cumplió con la subsanación de observaciones del Expediente Técnico N° 2 del proyecto. El concesionario negó tal incumplimiento y habría presentado informes que demuestran la aprobación de la subsanación de observaciones por la gestión saliente del GRA en diciembre.

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Por otro lado, Cobra también presentó un documento con 16 presuntos incumplimientos del contrato del GRA. Estos son acuerdos consensuados en la adenda 13 que el concedente debió cumplir entre julio del 2022 y marzo del 2023, pero siguen pendientes. Entre ellos están la ejecución del programa de puesta a punto de la infraestructura existente, la actualización del impacto ambiental de la fase 1, la elaboración del cronograma y la ejecución de protección y desvío de quebradas, la adenda al contrato de fideicomiso, el contrato de garantía soberana, la entrega del control del proyecto, entre otras.

El concesionario advirtió que no podrá reiniciar las obras hasta que todas las cuestiones estén subsanadas. En diciembre el GRA amplió el plazo para la entrega del control del proyecto hasta el 12 de abril del 2023. Según fuentes con conocimiento del proceso, la entidad no tendrá listo el proyecto para esa fecha. Estas fuentes indicaron que en un escenario optimista las obras podrían reiniciar en junio, pero también es improbable que eso se cumpla.

Arbitraje

Semanas antes de la reunión Cobra elevó un trato directo con 12 de los referidos 16 reclamos ante el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este mecanismo busca la resolución de controversias antes de llegar a un arbitraje.

En este proceso la empresa buscaría una compensación superior a los US$100 millones por los perjuicios causados. En caso no se encuentre una solución en el trato directo, que tiene vigencia hasta mayo, el concesionario elevaría sus reclamos a un arbitraje internacional.

El MEF le indicó a este Diario que no puede pronunciarse en relación a un proceso de controversia en marcha.

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Según Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, más allá del trato directo, el MEF debería de mediar activamente entre el GRA y Cobra para poder encontrar soluciones a las controversias sin tener que elevar los incumplimientos a arbitraje.

“Si todo discurre como está ahora, indudablemente el caso va a terminar en arbitraje. Ahí el Gobierno Central representado por el MEF debe de agotar todos los esfuerzos para evitar irse a un arbitraje. Si eso ocurre la consecuencia directa es que la obra se demore más en destrabarse, puede tardar un par de años”, advirtió.

“Si vencen los plazos establecidos en la adenda, habrá un incumplimiento del contrato. Si hay un incumplimiento la parte afectada puede tomar la decisión de pedir una compensación o de reunirse ambas partes para buscar la ampliación de plazos o hacer una nueva adenda. En estos proyectos las demoras cuestan, tienes una infraestructura paralizada, una inversión paralizada y el Estado debe entender esto”, explicó, en el mismo sentido, Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU.

Cabe recordar que las obras del proyecto están paralizadas desde diciembre del 2017.

Gobierno a Gobierno

Por otro lado, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, aseguró que “se está analizando” la posibilidad de que Majes Siguas II sea construido a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G).

“Para que se pueda realizar un G2G, el proyecto tendría que pasar a un ministerio, con riesgo de que la empresa pueda realizar un laudo arbitral. Ese es un riesgo que podríamos asumir como sector. Pero, para eso, primero el GRA tendría que cortar la relación con la empresa, el contrato. Todas las medidas se están analizando”, afirmó en entrevista con el diario Gestión.

Además de esa posibilidad indicó que se reunirá con representantes del GRA para definir si el proyecto continúa bajo su titularidad.

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A esta declaración se le suma la declaración de Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, quien afirmó que Cobra “maneja un doble discurso y en el fondo no evidencia una voluntad de querer ejecutar el proyecto”. También propuso que la puesta a punto del proyecto se desarrolle a través de un G2G.

En entrevista con El Comercio, Fernando Cornejo, consejero y presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Arequipa, explicó que lo que busca el GRA es licitar a través del G2G las obras previas al destrabe.

“El gobernador dice que tenemos que hacer la puesta a punto, las obras pendientes de Majes Siguas I que también serán empleadas en Majes Siguas II, a través del G2G. Este es un proyecto del que no se tienen estudios de perfil ni expediente técnico. Entonces el gobernador cree que es mejor trasladarlo al Gobierno Central y hacerlo así”, explicó.

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Si bien descartó que las desavenencias actuales terminen decantando en la caducidad del contrato, no descartó la posibilidad a futuro de que se llegue a esa situación si no se dan avances en el proyecto.

“Formalmente no hay riesgo de caducidad del contrato, pero sí vemos que no es una opción descartada. Nosotros escuchamos las palabras del gerente general de la Autoridad Autónoma de Majes y dijo que es posible prescindir un contrato e ir a arbitraje en caso sintamos que Cobra no quiera avanzar. No es descartado, pero tampoco formalizado”, detalló.

Reacciones

Para Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), cualquier escenario que siga retrasando el reinicio de las obras debe ser evitado. En ese sentido, cuestionó la posición del GRA ante la controversia.

“Cuando se celebra un contrato con el Estado no se está celebrando un compromiso con el gobernador de turno o con el ministro, sino con el Estado. El problema es en general, no solo en Majes, donde llega un nuevo gobernador regional y tiene que revisar desde cero todo lo avanzado por las autoridades. Majes es un proyecto importante y no hay duda de que no está siendo bien acompañado por el concedente”, cuestionó.

En ese sentido, cuestionó que proyectos de gran envergadura sean entregados a Gobiernos Regionales. “Sostengo que ningún Gobierno Regional tiene la capacidad técnica para enfrentar un proyecto con una inversión superior a los US$600 millones. En este caso pasar la titularidad al Midagri tomaría un año. La mejor solución es que el Midagri o el MEF conforme un equipo destinado a sacar el proyecto adelante”, propuso.

“La experiencia que se está viviendo con Majes Siguas nos debe llevar a evaluar si se debería otorgar otros proyectos como este a los Gobiernos Regionales”, agregó Cárdenas.

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En ese sentido, Fernández Dávila planteó la necesidad de que el GRA sea más claro con su mensaje respecto a si busca seguir con el proyecto en los términos establecidos.

“No queda claro y no hay transparencia en la información importante que da el GRA. Debe decir si quiere seguir adelante con el proyecto. La adenda dio plazos y más allá de las intenciones del GRA, tiene que aclarar si incumplió lo establecido y a futuro va a cumplir o no”, señaló.

Por otro lado, Roca advirtió que una eventual caducidad del contrato empeoraría el clima de inversiones en el país.

“La solución no es caducar. No solo es un daño económico, sino que estamos midiendo eficientemente la lectura de los inversionistas. Primero la Municipalidad Metropolitana de Lima busca caducar el contrato de Rutas de Lima, el GRA quiere caducar Majes Siguas II. ¿Qué es esto? Si la continuidad de los proyectos depende del gobernante de turno, se alejarán las inversiones”, sentenció.