A inicios de octubre, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier Palacios, indicó que se estaba evaluando darle mejores condiciones de pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a las empresas más afectadas por la pandemia. No obstante, en entrevista con El Comercio, el ministro aclaró que se ha optado por no volver a extender el pago de la CTS, como sí ocurrió en mayo. Esto, añadió, responde a que la situación económica de las empresas no es la misma que hace seis meses.
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Respecto al recientemente anunciado subsidio a la planilla, ¿cómo se asegurará que estos trabajadores permanezcan en las empresas una vez culminado el subsidio?
Nosotros no podemos garantizar que los trabajadores se van a quedar, recordemos que la idea es generar empleo. Lo que genera el empleo es la inversión y producción, no se crea artificialmente por decreto. Lo que necesitamos es que en esta transición en la que salimos de los efectos más duros de la pandemia y en los que ya comienza la curva de recuperación —desde junio la planilla electrónica tiene efecto neto superior de los que entran versus los que salen—, [esa recuperación de puestos] necesitamos acelerar. Queremos que el subsidio impulse la propia reactivación, no estamos creando empleo artificial.
Algunas de las críticas al subsidio señalan que no hay razón para excluir del beneficio a las empresas que no han registrado pérdidas durante la pandemia, si es que el objetivo es aumentar el empleo. ¿Cómo respondería a ello? ¿Por qué dar esta diferenciación?
Por una razón absolutamente objetiva. Cuando hemos mirado el nivel de recuperación de empleo en empresas que perdieron menos del 20% [de sus ventas], ellas están en sus niveles pre COVID-19. Las diferencias grandes, ese medio millón [de puestos] que se perdieron entre febrero y octubre están concentrados en empresas que perdieron más del 20%.
¿Está en evaluación flexibilizar la contratación temporal? De acuerdo a laboralistas, el escenario actual no necesariamente se condice con los supuestos para este tipo de contratación.
No está sobre la mesa por una razón práctica. El régimen que se ha planteado usa las herramientas legales que ya existen. El régimen de contratación está absolutamente abierto para usar cualquiera de las herramientas que sirven para el subsidio.
Además, muchas personas han perdido sus empleos en esta etapa, empleos formales. La ley antes del DU planteaba que un trabajador con contrato de duración indeterminada que había sido objeto de cese por cualquier de las causas no pueda volver a ser contratado en la empresa a plazo fijo. Eso, con pérdidas tan grandes y sensibles como las actuales, es una restricción que debimos revisar. Y se planteó que aquellos que perdieron su trabajo a tiempo indeterminado puedan ser contratados a plazo fijo para garantizar un retorno más rápido.
En noviembre pasado se formó una comisión de trabajo para dar solución a la relación laboral entre las apps de delivery y los repartidores. Finalmente recibieron el informe en junio, ¿qué harán con esa recomendación?
Se han hecho varias evaluaciones y [estas] tienen carácter multisectorial. Estamos en un proceso de definición de muchos espacios donde la discusión sobre la laboralidad de las relaciones tiene que ver con que los tipos de prestación no son idénticas. Hay empresas donde este tipo de trabajo se puede hacer a distintas empresas con horarios abiertos, otras restringen la posibilidad de trabajar para otras empresas, otras brindan servicio de salud o seguros de vida, otras no lo hacen. Lo que ocurre es que la discusión más que de hacerla dentro de los ámbitos de emisión normativas de los estados, las normas se están regulando desde la judicialización, desde el Poder Judicial. Son las sentencias las que están reconociendo en qué casos se tiene carácter laboral o no. Dentro de la pandemia tenemos aquí varios retos, se ha tratado de concentrar esfuerzos para garantizar acceso a salud y aseguramiento y que puedan estar cubiertos con algunos niveles de prestaciones, pero es una tarea pendiente que tenemos que terminar de abordar.
¿Entonces, en el corto plazo, no presentarán ninguna medida desde el Ejecutivo?
En general, las cosas de largo plazo deben ser objeto de consenso para garantizar su sostenibilidad. A veces tomar decisiones solo desde un lado pueden generar dificultad. Pero la discusión está marcada por las diferencias que hay en el marco de las prestaciones que se dan (no son idénticas). Y eso dificulta plantear normas transversales o idénticas para situaciones distintas.
Respecto al pago de la CTS, anteriormente se comentó desde el MTPE que estaba en evaluación otorgar facilidades para los pagos de las empresas más afectadas por la pandemia, ¿en qué estado está la propuesta considerando que en 10 días vence el pago del mismo?
Hemos considerado por el momento no volver a extender la flexibilidad del pago de la CTS. La preocupación mayor está en que la situación con la que se hizo la extensión en mayo de este año es distinta de la que tenemos en noviembre. Buena parte de los procesos de reactivación han impulsado sectores que ya trabajan con normalidad. Pensando que el impacto mayor fue en las microempresas, las que están en régimen Mype no pagan CTS, y en el caso de las pequeñas, se paga la mitad. Creemos que habiéndose extendido en mayo, no tenemos todavía evidencia suficiente para garantizar la segunda extensión. Debemos cumplir con las normas como están.
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Anteriormente indicaron que desde el MTPE se está trabajando en una propuesta que modifique la Ley de Teletrabajo a fin de darle mayor flexibilidad. ¿Lo presentarán pronto? ¿Saldrá mediante un decreto de urgencia o pasará por el Congreso?
Creemos que [el teletrabajo] es una norma que tiene sostenibilidad y visión de largo plazo. Entonces, existiendo tres proyectos de ley en el Congreso, es necesario encontrar algunos esquemas de consenso que garanticen que tenemos miradas comunes sobre un tema que ha pasado de tener a 2 mil trabajadores en teletrabajo a inicio de pandemia a un cuarto de millón de trabajadores registrados hoy en trabajo remoto.
De momento, ¿no es que vayan a presentar un proyecto de ley?
En el corto plazo no. Pero lo que estamos buscando es involucrarnos más activamente en discutir con el Congreso los proyectos que ya están en el seno de las comisiones para poder incorporar nuestros puntos de vista.
Sobre la Ley de trabajadores del hogar, esta fue publicada en octubre, ¿Cómo será el pago de la gratificación el próximo mes? ¿se les tendrá que reconocer una remuneración completa o será proporcional a la fecha de emisión de la norma?
Todavía no se ha definido por una razón muy práctica y es que el reglamento está en elaboración. Hemos recibido propuestas reglamentarias. Estamos en los plazos para formular el reglamento, creemos que la norma tiene algunos vacíos y pendientes de desarrollo que serán parte de la discusión en el marco del reglamento.
¿Las solicitudes de suspensión perfecta de labores ya se han resuelto en su mayoría?
Se han resuelto buena parte de ellas. En Lima estábamos al 93%, pero en muchos casos se están resolviendo las apelaciones. De las 32 mil empresas, el 80% es de empresas de menos de 100 trabajadores. En los últimos tres meses pocas solicitudes han sido ingresadas. Entre setiembre y octubre entraron no más de 400. Cada vez va reduciéndose el número.