Normativa busca acelerar procesos para impulsar la menguante inversión en la exploración minera. (Foto: Bloomberg)
Normativa busca acelerar procesos para impulsar la menguante inversión en la exploración minera. (Foto: Bloomberg)

El Ministerio de Energa y Minas (Minem) prepublic el sbado pasado el proyecto de reglamento de proteccin ambiental para las actividades de exploracin minera. Se hizo esperar la normativa, cuya elaboracin fue anunciada por el titular del sector, Gonzalo Tamayo, en febrero pasado, tras regresar del PDAC la feria ms importante de los exploradores. El Nio costero reorden las prioridades.

La propuesta legal es parte de la estrategia del Gobierno para revertir la contraccin sostenida de inversin en minera y ser presentada al detalle hoy a la comunidad minera por el Minem en la feria ProExplo2017. Sin embargo, El Comercio recogi las opiniones de diversos actores del sector sobre la iniciativa.

Los empresarios saludan con entusiasmo un cambio esencial en el reglamento propuesto respecto al vigente: la definicin de plazos para la obtencin de la aprobacin de la declaracin de impacto ambiental (DIA) y el estudio de impacto ambiental semidetallado (EIAS). Para el primero, exigido para operaciones de categora I (con hasta 40 plataformas) se fija un tope de 60 das, mientras que para el segundo (de ms de 40 plataformas), el lmite ser de 90 das.

Son plazos muy dinmicos. Van a favorecer, porque antes no se saba cundo sala el permiso, seal Rmulo Mucho, ex viceministro de Minas.

El consultor Eugenio Ferrari destac la decisin del Gobierno de reducir en ese sentido la permisologa mediante la ejecucin de trmites paralelos. Los inversores no pueden esperar mucho tiempo, sostuvo. De acuerdo con el experto, las demoras ahuyentan a los inversionistas hacia otros negocios, pues un proyecto de exploracin dura como mximo cinco aos.

La iniciativa tambin potencia la digitalizacin de los trmites en exploracin, lo que aportara rapidez en el dilogo multiministerial sobre los expedientes y mayor transparencia en la gestin gubernamental.

As, en opinin de Ferrari los costos para los exploradores podran reducirse por dos frentes: pagos de derechos de vigencia (US$3/ha) ajustados a la efectiva ejecucin de la actividad exploratoria; y gastos eficientes en personal ocupado.

LOS PENDIENTES Pero la definicin de plazos para las certificaciones es insuficiente para Bruno Medrano, gelogo de proyectos de la compaa jnior de capitales canadienses Pembrook Cooper.

Segn el proyecto, la obtencin de las certificaciones no autoriza el inicio de actividades, un proceso sujeto a la realizacin de consulta previa por parte del Estado, explic Carlos Glvez, ex presidente de la Sociedad de Minera Petrleo y Energa. Ah es donde estamos estacados, opin.

A juicio del abogado Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestin Pblica de la Universidad del Pacfico, la medida debe ir atada a una estrategia ms integral de manejo de los conflictos sociales.

En esa lnea, resalta la creacin del Fondo de Adelanto Social (FAS), que permita invertir en zonas de influencia minera de forma previa al desarrollo de proyectos. Con la misma finalidad, cabra impulsar el mecanismo de obras por impuestos, dice Salinas. Para la reactivacin de la inversin en el sector, se podra introducir asimismo beneficios tributarios, como la devolucin del IGV, una opcin que baraja el Gobierno. Eugenio Ferrari sostiene que esta medida anima siempre que el reintegro sea a corto plazo.

En todo caso, las medidas en pro de la exploracin minera caen en un momento oportuno: el aumento del precio de los metales frente a lo observado a inicios del ao pasado genera expectativas de que la inversin en exploracin se reactive luego de cuatro aos a la baja. De hecho, los nuevos nimos ya vendran manifestndose en un incremento an tmido de la demanda por equipos y maquinaria.

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