La Defensoría del Pueblo se pronunció este lunes sobre la posible suspensión de las actividades de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, solicitada por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez. Ello a raíz de un pedido de Patricia Juárez, precandidata a la segunda vicepresidencia y al Congreso de la República por dicha organización política.
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En un comunicado, la entidad consideró que una eventual suspensión del partido naranja “afecta a los posibles candidatos”, así como a “todos sus militantes y a la población”.
“Debe tenerse en cuenta también en este análisis que la suspensión temporal de actividades de una organización política no solo afecta a los posibles candidatos del partido político en el proceso electoral en curso, sino también a todos sus militantes y a la población que podría considerarse representada por esta agrupación, ya que el ejercicio de sus derechos fundamentales políticos se verían frustrados en la práctica”, se lee en el texto.
El documento, firmado por Abraham García Chávarri, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, señala también que tanto el requerimiento fiscal de suspensión como la decisión que adopte el Poder Judicial “deben resultar conformes con los estándares constitucionales y convencionales de lucha contra la corrupción estatal, el principio de presunción de inocencia y el derecho fundamental a la participación política”.
El último viernes, Patricia Juárez envió un oficio al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitándole “tome todas las medidas necesarias” en resguardo de los derechos fundamentales y constitucionales de los candidatos al próximo proceso electoral por dicho partico político.
“Señor defensor, le solicitamos que, en cumplimiento de sus atribuciones se pronuncie y tome todas las medidas necesarias para que los derechos de nuestros candidatos, nuestros militantes y simpatizantes, no sean eliminados”, indicó en un video difundido en las redes sociales de la agrupación política.
En su pronunciamiento, la Defensoría “reconoce y respalda” el deber del Estado de combatir la corrupción. Sin embargo, aduce que “estas responsabilidades deben hacerse dentro del marco de las garantías de impartición de justicia y compaginando el efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales”.
“La lucha contra la corrupción debe compatibilizarse con el derecho a la participación política que tienen todas las personas, sea de modo individual o mediante organizaciones políticas, por cuando su ejercicio es la base para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, sostiene.
Este lunes, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, evaluó el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez para suspender temporalmente las actividades del partido Fuerza Popular, como parte de la investigación por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht.
Al finalizar la sesión, el magistrado señaló que emitirá su decisión en un plazo prudente, de acuerdo a la carga procesal.
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