La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, cuestionó el proyecto de ley que, entre otras cosas, busca prorrogar por diez años los permisos de manera automática para que continúen operando las unidades de transporte público en Lima y el Callao, incluidas aquellas que arrastran millonarias deudas.
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En su presentación en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, cuya transmisión se realizó en las redes sociales de esta, Jara señaló que solo un reducido grupo de transportistas ha reportado “deudas con el sistema financiero para la adquisición de unidades de transporte público” y por un plazo de dos años como promedio.
—Cuestionamientos—
La iniciativa legislativa es del presidente de esta comisión, el congresista Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular). Y uno de los argumentos para que esta se convierta en ley es que los transportistas necesitan ese plazo para renovar su flota vehicular.
Sin embargo, la información que dio a conocer Jara revela que solo un grupo de ellos ha estado preocupado por mejorar sus unidades.
“El 60% de 87 operadores tiene deuda y el plazo de su endeudamiento es de dos años [en promedio]. No toda la deuda le corresponde al titular de la ruta; el 55% de los adeudados son los afiliados, no los dueños de las rutas, sino esos propietarios de unidades que han decidido apostar”, refirió.
La información fue recabada mediante una encuesta que realizó la ATU entre el 26 de agosto y 25 de setiembre. De los 371 operadores de transporte autorizados en Lima y el Callao, “tan solo hemos recibido respuesta válida de 87 operadores”, indicó Jara.
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Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, quien también fue invitado a participar en la sesión de la comisión, respaldó a la ATU y dijo que la iniciativa legislativa es contraproducente, pues de aprobarse no se podría implementar durante diez años las acciones que se tienen planificadas para mejorar el servicio de transporte público.