La Zona Arqueológica de Caral, proyecto que investiga los vestigios de la primera civilización de América, expresó ayer su extrañeza y preocupación por la “tolerancia y pasividad del comando policial” a cargo de prestar las garantías para que el Poder Judicial y la procuraduría del Ministerio de Cultura (Mincul) logren la restitución de un terreno de cuatro hectáreas de la zona arqueológica que, desde el 2012, está invadido por Alejandro Ramón Solís Saavedra.
El último 7 de enero, el magistrado César Macedo Figueroa; el procurador del Mincul, Henmer Alva Neyra; y 106 policías se apersonaron alrededor de la 1 p.m. a dicho terreno para cumplir con la diligencia de restitución. Sin embargo, esta no se llevó a cabo, porque las autoridades y el invasor acordaron suspender la ejecución de sentencia hasta el 31 de mayo del 2022.
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“También [expresan su extrañeza y preocupación] por el plazo dado al sentenciado. Al proseguir con sus actividades en el lugar, el sentenciado Alejandro Ramón Solís Saavedra continuará dañando las evidencias arqueológicas”, se afirma en el comunicado del proyecto dirigido por la arqueóloga Ruth Shady.
Las cuatro hectáreas pertenecen al sitio arqueológico Caral-Chupacigarro, que es Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2002. Para hacerse de los terrenos, Solís Saavedra realizó plantaciones de palta. Se lo denunció y, luego de un largo proceso judicial, en el 2016 la Corte Suprema ratificó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Barranca a favor de que este terreno se le restituya al Mincul. Esa es la sentencia que no se logró ejecutar el 7 de enero.
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Según el procurador Alva, se tuvo que llegar a un acuerdo con el invasor porque “no había garantías” para realizar la diligencia. Al lugar llegaron más de 60 personas encapuchadas y advirtieron que no permitirían el desalojo. Alva cuestionó que la PNP no haya asignado más de 150 agentes como se requirió y que no hayan ingresado a la zona en la madrugada para acordonarla y facilitar la diligencia.
Por este problema de invasiones, Shady, los arqueólogos y abogados del proyecto vienen siendo víctimas de ataques y amenazas de muerte desde hace varios años. Pese a eso, en la zona no hay un solo policía.
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