Vladimir Cerrón, el exgobernador regional y líder del partido Perú Libre, suma una serie de investigaciones en la fiscalía por lo ocurrido durante su gestión en Junín. Una de ellas es por la presunta colusión en las obras de electrificación –que nunca se hicieron– en las comunidades asháninkas.
En el 2010, Cerrón ofreció entregar luz eléctrica para ocho comunidades nativas ubicadas en la cuenca de Río Tambo, en la provincia de Satipo. El proyecto se llamó Betania en alusión a la mayor comunidad ubicada en la zona. Cuando ingresó al Gobierno Regional de Junín, (GRJ), el proyecto fue adjudicado y luego abandonado por el consorcio ganador, a pesar de que le pagaron por los supuestos avances de una obra que nunca se terminó.
—Paralización—
En julio del 2012, durante la primera gestión de Cerrón, se firmó el contrato con el Consorcio Eléctrico Perú por S/8′227.503 para la construcción del pequeño sistema eléctrico de Betania. Poco tiempo después de que el entonces gobernador colocara la primera piedra, la ilusión de las comunidades de contar con este servicio se desvaneció. Según informes del GRJ obtenidos por este Diario, pagaron S/5′837.203 por avances de obra y un adicional de S/1′236.484 por deficiencias en la elaboración del expediente técnico. Estos desembolsos fueron autorizados por el inspector de obra, Jorge Reyes Vivas, quien fue contratado por el GRJ.
Sin embargo, en noviembre del 2015, un año después de la salida de Cerrón, durante la gestión de Ángel Unchupaico, el nuevo supervisor de obra, Jorge Castañeda Portocarrero, recomendó que se resolviera el contrato por incumplimientos. “[El consorcio] ha incurrido en penalidades que han superado el monto máximo previsto en el contrato, además de haber incumplido con sus obligaciones técnicas respecto de la intervención económica de la obra”, se lee en el informe. El GRJ resolvió el contrato por incumplimiento contractual.
En el informe del órgano de control se consignó que no se habían realizado las obras y se pagaron trabajos que nunca se hicieron. El procurador del GRJ denunció ante la fiscalía a diez funcionarios, entre ellos Cerrón. El caso está actualmente en la etapa de investigación preparatoria por el presunto delito de colusión agravada.
Según el dirigente asháninka Fabián Antúnez, la obra fue una ilusión para los nativos de ocho comunidades: Betania, Vista Alegre, Capitiri, Charahuaja, Shejova, Quemarija, San Gabriel de Shevoriato y Marankiari. “En esas comunidades vas a ver maquinaria abandonada, cables botados […] han utilizado a la gente indígena para obtener votos”, remarcó.
El dirigente asháninka manifestó a El Comercio que Cerrón conformó el comité de electrificación de Betania “con gente del mismo partido”, en referencia a Perú Libre. “Hacen toda una jugada con el presupuesto [de la obra]”, agregó. Indicó que “se gastaron” todo el presupuesto “sin haber derrumbado el cerro”.
Cuando Cerrón volvió al GRJ en el 2019, inmediatamente reactivó el proyecto Betania. Durante su mandato obtuvo S/7 millones de financiamiento del Ministerio de Energía y Minas. En plenas gestiones, fue sentenciado por corrupción y dejó su cargo. En setiembre pasado, su sucesor Fernando Orihuela, quien también es del partido Perú Libre, suscribió un acuerdo con los dirigentes asháninkas y anunció que la obra se licitará por un total de S/12′322.455. En diciembre del 2020, el GRJ firmó otro contrato con el consorcio Betania. La obra está en una etapa preliminar.
—La sombra de Belaunde—
El Consorcio Eléctrico Perú, que se adjudicó el proyecto de electrificación de Betania, estuvo conformado por cuatro empresas: A&S ingeniería y construcción S.A., Consorcio Paramonga S.A., Corporación San Francisco S.A. y Consorcio Pirámide S.A.C., según los Registros Públicos, son de los esposos Eusebio Palomino y Sara Encarnación.
En febrero del 2012, dos de esas cuatro empresas que estaban a cargo del proyecto Betania también ganaron contratos por S/7′806.768 con la Municipalidad Distrital de Catache, en Cajamarca, para proveer de energía eléctrica a esa comuna.
Según el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que investigó los nexos de Martín Belaunde con Gregorio Santos y Cerrón, existen indicios de que el exasesor presidencial utilizó dos presuntos testaferros para dicha adjudicación. Las obras también fueron abandonadas por el consorcio y generó perjuicio económico para el Estado. Por ello, la fiscalía abrió una investigación que se encuentra en la etapa de investigación preparatoria, en la que también está Cerrón.
Elmer Villoslada, actual alcalde de Catache, sostuvo que el proyecto se inició en la gestión de Santos. Se paralizó la obra en el 2014 y luego se anuló el contrato con el consorcio ejecutor por incumplimiento.
Descargos
Jorge Reyes Vivas, inspector de la cuestionada obra, dijo: “La contraloría me ha excluido de las investigaciones [del caso]”.
La familia Palomino Encarnación, dueña de cuatro empresas, no respondió. Tampoco Cerrón ni Martín Belaunde, pese haberles enviado cartas a sus domicilios, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
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