La bancada de Somos Perú presentó el Proyecto de Ley N°1048-2021-CR, que busca modificar la Ley 30900 y permitiría la circulación de las combis por 10 años más. Según la propuesta, se busca evitar que estas empresas no quiebren en el marco de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la precariedad y el mal uso de algunas de unidades ponen en riesgo a los usuarios.
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El autor de la propuesta es el congresista Héctor Valer Pinto. Según su explicación, el objetivo de la ley es “fortalecer e impulsar la modernización de las empresas regulares o formales de los servicios de transporte terrestre urbano de personas en Lima y Callao”, pero -de ser aprobada- se estaría permitiendo que unidades como las combis sigan circulando una década más, a pesar de ser vehículos que incrementan la contaminación en la ciudad y son más peligrosas frente a un accidente vehicular.
Según el parlamentario Valer, su iniciativa aplacaría “los problemas de desabastecimiento del servicio regular, el desempleo, los conflictos sociales y el incremento de la informalidad por parte de los operadores de transporte terrestre de pasajeros en el ámbito de Lima y Callao”.
En el artículo 6 de proyecto, se señala que “la vigencia de las autorizaciones para la prestación del servicio público regular de pasajeros o personas es por un período de (10) años computados a partir del día siguiente de la recepción de la autorización o de los títulos habilitantes, prorrogables por otros cinco (5) años en caso de haber tenido una limpia historia a lo largo de los años de concesión, que justifique técnica, económica y financieramente su operación y haberse incorporado eficientemente al Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, SIT”.
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Seguido, en el ítem ‘b’ se detalla que “a la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las autorizaciones o títulos habilitantes otorgados en su oportunidad por las Municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao a las empresas operadoras del servicio de transporte público regular de pasajeros, prorrogadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hasta el 31 de julio del 2022, y que continúan prestando servicios en el ámbito de Lima y Callao, se prorrogan automáticamente por el lapso de diez (10) años”
La propuesta indica que es “con el fin de darles estabilidad jurídica a todas las personas naturales con negocio y personas jurídicas operadoras del servicio y que sean sujetos de crédito fuertes y viables”. Dentro de los primeros cinco años de la prórroga, las empresas deberían implementar de manera progresiva sistemas de gestión de flota y de recaudo electrónico, y modernizar sus unidades.
En el artículo 11 se propone que la designación del cargo de presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) le corresponde al Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Esta iniciativa ha sido firmada por el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, así como de los parlamentarios Wilmar Elera García, José Jerí Oré, Hitler Saavedra Casternoque, Carlos Zeballos Madariaga, Alfredo Azurín Loayza, Yonel Alcarráz Agüero.
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Lo que llama la atención es que este proyecto de ley fue presentado el 21 de diciembre, cuatro días después de que el congresista Héctor Valer Pinto recibió en su oficina del Congreso de la República a ocho dirigentes del sector transporte.
Ellos son Wilfredo Chávez Falconí, Diego Noreña Chávez y Waldo Poma Gagliuffi, del Consorcio Empresarial del Callao; Ricardo Pareja Fonseca de la Cámara de Transporte Urbano; Martín Valeriano Napan, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas; Marco Aguirre Valencia, Edgar Veliz Chinchilla y Horacio Rabanal Aguirre, pertenecientes a la Asociación de Transportistas de Servicio Urbano del Perú. Ingresaron el 17 de diciembre entre 10:45 y 10:52, y se retiraron a las 2:05 p.m., según el registro visitas al Congreso de la República.
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