Hace unas semanas, en Las Lomas de Ventanilla, un pandillero fue mandado por su banda a violar a la hija de un vendedor de marcianos que se negaba a pagar un cupo para operar su negocio.
El delincuente fue descubierto por los familiares de la joven pasada la medianoche, justo antes de perpetrar el abuso. Estos lo castigaron hasta dejarlo al borde de la muerte, como en el cuento “Ushanan jampi” –el último remedio, en quechua– del indigenista Enrique López Albújar.
Este episodio no es aislado ni anecdótico. Es el pan de cada día en los lugares más alejados, pobres y peligrosos del país, donde la criminalidad se ha desbordado y la desconfianza en las autoridades es creciente.
Como consecuencia de esta falta de institucionalidad, los ciudadanos se han visto forzados a asumir la defensa de sus bienes y su integridad física mediante la condenable práctica del linchamiento.
DE LARGA DATAEl 22 de enero de este año, el director del Frente Policial de Puno, general William Carrasco Becerra, atribuyó a “un comportamiento cultural” la quema de un empresario que fue confundido con un delincuente en Juliaca.
Para Mirko Lauer, periodista y analista político, en nuestro país hay una tradición de justicia comunitaria, que se origina en tiempos en los que no había un Estado central y la gente utilizaba sus propios métodos.
Según Ángel Ayala, experto en conflictos sociales, hoy este tipo de justicia no solo se manifiesta en provincias alejadas, sino en zonas urbano-marginales de Lima, donde se congrega la mayor cantidad de migrantes. Ante la falta de autoridades, los ciudadanos aplican las mismas costumbres que rigen en sus pueblos.
Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, asegura que los linchamientos se dan en “una población que se siente abandonada por el Estado y que cree tener un derecho de autodefensa, por lo que se considera autorizada para actuar de la manera en que lo hace. Hay una sensación de hartazgo y de que la justicia no llega”.
DESPROTEGIDOSEn el Perú –un país en el que la principal preocupación de los ciudadanos es la inseguridad– la gente se siente desprotegida.
Según una encuesta de Ipsos publicada en setiembre de este año, más de la mitad de los limeños desconfía de la policía. De acuerdo con el Ránking de Competitividad Global del World Economic Forum del 2014, la PNP se encuentra en el puesto 137 de 144 países en confiabilidad. Para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, esta situación se explica “por la corrupción en la policía que no se dedica a defender al ciudadano”.
En marzo de este año, por ejemplo, en el asentamiento humano Ollanta Humala ubicado en Huaura, 3 ladrones entraron a robar en una vivienda. La dueña de la casa llamó a la policía, la cual apareció varias horas después para rescatar a uno de los delincuentes que había sido capturado por la población y estaba al borde de la muerte.
Ahora, si bien la corrupción explica en gran parte esta desconfianza en la policía, lo cierto es que también hay un déficit de agentes, por lo que no pueden brindar una protección adecuada. Actualmente hay diez regiones en las que hay menos de 100 policías en comisarías por cada cien mil habitantes.
Si analizamos en detalle, la mayor cantidad de linchamientos entre el 2014 y el 2015 se dio en los departamentos del país y en los distritos de Lima donde menos policías hay. Tales son los casos de Puno, con 97 policías en comisarías por cada 100.000 habitantes, o de Villa María del Triunfo en Lima, con 51.
Otro de los problemas de la policía es la falta de equipamiento. Según Ricardo Valdés, un policía que vigila las calles sale prácticamente desarmado. El general PNP(r) Alberto Jordán señala que “hace 7 años que no se le da ropa a la policía”.
Las instalaciones son, por otro lado, deplorables. El Censo de Comisarías del INEI en el 2013 evidenció la falta de equipamiento: 970 no contaban con radios interconectadas, 829 carecían de un teléfono propio y 61 no tenían al menos una computadora operativa.
En este contexto no es casual que el Perú sea el país con la tasa más alta de victimización en la región. Tampoco que, del 2006 al 2014, según el Barómetro de las Américas del 2014, el porcentaje de las víctimas de la delincuencia se haya incrementado.
LA AUSENCIA DE LA LEYAdemás de desconfiar de la policía, los peruanos también tienen serios reparos en el sistema judicial. Según una encuesta de Ipsos de julio de este año, el 77% de los peruanos desaprueba la gestión del Poder Judicial y, de acuerdo con Transparencia Internacional, el Poder Judicial está considerado uno de los más corruptos de la región.
Esta desconfianza se debe, en gran medida, a la serie de carencias del sistema judicial peruano, que genera que los ladrones, en muchos casos, sean liberados en menos de 24 horas.
El 1 de octubre de este año, por ejemplo, dos presuntos delincuentes fueron agredidos en Villa María del Triunfo. Los sujetos fueron trasladados a la comisaría de Tablada en Lurín, pero tuvieron que ser dejados en libertad porque no hubo una denuncia ante la policía.
Uno de los problemas de fondo es que el proceso para sentar una denuncia es sumamente complejo. Lo único que puede hacerse para que una persona acusada de cometer un delito –pero sin ser sorprendida en el acto– se mantenga arrestada es recurrir a la detención preliminar o prisión preventiva. No obstante, según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, esto no se aplica para todos los casos y es un trámite que dura entre 30 y 45 días.
Además, para hacer efectivo un arresto, debe haber una estrecha coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según Gino Costa, especialista en seguridad ciudadana, “se necesitan agentes policiales de inteligencia íntegros, bien preparados y adecuadamente remunerados, que trabajen de la mano con los fiscales especializados”.
Esta situación genera desconfianza, desesperación y sensación de abandono. Según Lauer, “no solo hay una necesidad de tomar la justicia por sus manos, sino de implementar una contrajusticia. Si la justicia formal suelta a los delincuentes, los protege y los apaña, entonces la gente sale en contra de ellos”.
Por otro lado, Rospigliosi sustenta que “hablar de tomar la justicia por sus propias manos es un eufemismo y muchas veces termina siendo una injusticia pues se agrede a personas inocentes”. Tal fue el caso del alcalde Cirilo Robles asesinado en Ilave por una turba en abril del 2004.
(*) Con la colaboración de Elody Malpartida y Diego Villarán
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