El 15 de enero, dos días después del gran aniego de aguas servidas que afectó a casi 2.000 vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) formó una comisión encargada de determinar las causas técnicas de la rotura del colector principal ubicado en la estación Pirámide del Sol. Casi dos meses después, el informe final establece responsabilidades por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).El documento señala que durante el proceso de reubicación del colector Canto Grande, terminado de construirse en el 2013 por el Consorcio Tren Eléctrico (formado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero), la supervisión por parte de Sedapal habría sido poco frecuente. Precisa que la tubería matriz de un metro y medio de diámetro no fue la adecuada para la obra.
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“Sedapal no puede exonerarse de la responsabilidad de haber participado en el proceso de aprobación del proyecto, la supervisión del mismo, recepción, su operación y mantenimiento”, indica.
Añade que los primeros forados, abiertos entre las cuadras 8 y 9 de la avenida Próceres, habrían sido originados por un “lavado o arrastre de finos [arena]” a causa de una corriente de agua que habría atravesado el suelo arrastrando arcillas, lo que dejó vacíos en el suelo y provocó un hundimiento de la pista. También agravó el estado de la pista el tránsito pesado de la zona.
“El ingreso de material a la tubería matriz se inicia durante el período en el que Acciona [empresa contratista a cargo del mantenimiento de colectores] actúa sobre la zona del forado”, indica el informe que determina que Sedapal no intervino de manera adecuada y oportuna para evitar un aniego.
De acuerdo con videos analizados, se determina que, de forma rudimentaria, un operario de Acciona colocó un panel de madera sobre un orificio de la tubería “para evitar el ingreso de material al colector Canto Grande”. Luego, se echó “de manera extraña” arena sobre este panel, la que finalmente entró progresivamente a la tubería y causó el aniego.
La comisión determina que Sedapal y Acciona ocultaron información sobre estos trabajos.
Entre las recomendaciones, se sugiere inspeccionar el estado del colector a la altura de las estaciones Bayóvar y Caja de Agua y en “todo lugar donde pudiera haberse instalado tuberías de las mismas características”.
También piden elaborar protocolos de mantenimiento y emergencias, así como revisar los contratos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y desagüe.
—Cambios a la vista—Ayer, el MVCS reiteró que se ha pedido la renuncia inmediata de todo el directorio de Sedapal y los gerentes involucrados. Actualmente el directorio está integrado por Jorge Luis Bustamante, designado presidente en mayo del 2018, y los miembros Guillermo Maisch, Jaime Raygada, Mario Ayala y Juan Tarazona, este último actual viceministro de Construcción y Saneamiento y quien presidió la comisión que elaboró el informe.
“A lo largo de los últimos años en el directorio de Sedapal han pasado personas muy competentes, pero lo que pueden hacer es relativamente poco, en vista de la estructura institucional que se mantiene. El riesgo de esta medida es que termine siendo un cambio de maquillaje y esto opaque las reformas más grandes y quizá políticamente más costosas que tienen que hacerse”, opina Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía.
El especialista señala que el Ejecutivo debe buscar mecanismos de concesión de las empresas prestadoras de servicio del país, entre ellas Sedapal, para con ello mejorar la atención a los usuarios.
“El nuevo directorio tendrá el encargo de designar un gerente general que será contratado por una empresa especializada en la selección de personal. El nuevo gerente general deberá iniciar una reorganización completa de las gerencias de línea y una revisión exhaustiva de los contratos de mantenimiento vigentes”, precisó el MVCS a través de un comunicado.
Este Diario buscó la versión de Sedapal, pero no obtuvo respuesta.
Desde Piura, el ministro Carlos Bruce indicó que el informe será entregado a las entidades de control del Estado para que tomen las acciones necesarias.
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