En menos de una semana, la fiscalía ha iniciado investigaciones por dos casos de violencia entre escolares. En el primero, ocurrido el 31 de mayo, un grupo de estudiantes de secundaria del colegio Santa María Marianistas, del distrito limeño de Surco, golpeó a un niño de 11 años que cursa el quinto de primaria. El otro, reportado en Piura el 3 de junio, quedó registrado en un video en el que se observa cómo un menor es ahorcado hasta quedar inconsciente por un grupo de compañeros.
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Aunque se trata de dos agresiones graves, son apenas una muestra del avance de la violencia perpetrada y observada por otros escolares. De acuerdo con estadística del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación (Minedu), solo de marzo a mayo de este año se han registrado 1.139 denuncias de violencia física, psicológica y sexual entre escolares en el país, cifra que es casi cuatro veces más que lo reportado durante todo el 2021. El promedio es de 12 casos al día.
Carmen Flores, especialista de Convivencia Escolar del Minedu, explica que la mayor cantidad de casos corresponde a violencia física (58.6%), seguida de violencia psicológica (27.8%) y sexual (10%). Sostiene que el incremento está relacionado con el retorno a la presencialidad, pero también a que se empieza a entender que toda violencia tiene que ser denunciada.
“Los casos van a aumentar porque se está haciendo más visible esta problemática que por muchos años ha sido normalizada. Es cierto que siempre hubo bullying, pero nunca se reportaba o los docentes no hacían nada”, indica. De todas formas, el uso de las nuevas tecnologías incrementa los alcances de la violencia. Por ejemplo, el ciberbullying, que predominó durante el confinamiento, sigue siendo una de las principales formas de violencia psicológica reportada en Siseve.
Aunque las estadísticas dan cuenta que al menos todos los días hay 12 casos de violencia física, psicológica o sexual entre estudiantes, Deyssy Lozano, especialista nacional de educación de Save the Children, considera que hay una cifra oculta que no permite conocer la real magnitud del problema social. “Existe todavía una cultura de miedo dentro de las instituciones educativas y también directores que prefieren no manifestar estas problemáticas por todos los procesos que vienen luego”, dice.
En su opinión, el aumento de casos estaría relacionado con el impacto de dos años de encierro. “Los menores no han podido fortalecer las interacciones con otros chicos de su edad, lo que ayuda a que puedan regular sus emociones y sus conductas”, dice.
Con ella coincide Mariela Tavera, especialista de Unicef, quien sostiene que la incertidumbre, pérdida de seres queridos y la falta de espacios de convivencia pueden haber “generado estados de tensión y riesgos en la salud mental” de los menores, por lo que abordar este aspecto también es una forma de prevenir más casos.
En medio de este contexto, ayer hubo una falsa alarma de balacera en el colegio Trilce de Los Olivos. Los padres llegaron preocupados tras haberse difundido en redes un mensaje de que en el plantel iba a “correr bala”.
De la casa al aula
Las especialistas coinciden en que la prevención debe involucrar a la familia y la comunidad, porque son espacios donde se perpetúa la idea de que la violencia es normal. “Hay familiares que incluso celebran las agresiones”, recuerda Tavera. En este contexto, la escuela debería cumplir la función de promover una convivencia saludable.
Por ello, Lozano sostiene que el reto es abordar un enfoque integral, desde la formación de los maestros, que considere los problemas estructurales como la violencia de género o discriminación como origen de las dinámicas violentas en las escuelas. “Existe un gran desafío para fortalecer las competencias y capacidades de los maestros y directivos dentro de su formación inicial. ¿Cuántas universidades han incluido en su currícula el tema de género, interculturalidad, diversidad, equidad y derechos?”, se pregunta.
Esto también se relaciona con la necesidad de fortalecer una educación socioemocional a todo nivel y unificar entre padres y docentes los criterios de crianza, pedagogía y disciplina no punitiva para garantizar espacios seguros para los menores. Lozano lo resume así: “Los niños reproducen lo que han vivido, muchas veces los que agreden a un compañero también han sido víctimas”
Precisamente sobre las acciones punitivas, la postura del Minedu es que las medidas correctivas como una expulsión de los agresores no resultan pertinentes porque se trata de menores que también requieren atención.
En cuanto a los trabajos de prevención, Flores indica que se ha desplegado un especialista de convivencia escolar en cada dirección regional de educación del país (26 en total) y uno en cada unidad de gestión educativa local (UGEL), que suman 220 en el país. Asimismo, se ha contratado a profesionales para equipos itinerantes de convivencia escolar, conformados por un docente y un psicólogo. “Tenemos también psicólogos que intervienen en 2.566 escuelas a nivel nacional. Estamos avanzando, pero el problema es complejo, nos falta mucho”, reconoce.
Donde denunciar: Quien sea víctima o testigo de violencia escolar, ya se cometido por otro escolar o por un docente, director, o personal de un colegio, puede denunciarlo de forma confidencial en www.siseve.pe o al 0800-76-888.
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