El jueves 2 de noviembre se inicia el nuevo juicio oral contra los acusados por el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya -Saweto, perteneciente al pueblo indígena asháninka, en la región Ucayali. Este nuevo proceso se da tras la anulación de las sentencias de 28 años impuestas a los acusados, por lo que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali programó la nueva audiencia para las 6:30 p.m.
El caso Saweto tiene amplias implicancias para los derechos de los pueblos indígenas y la protección ambiental en la Amazonía peruana. El pasado 29 de agosto el tribunal anuló las sentencias contra Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Eurico Mapes Gómez, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, acusados de los asesinatos de cuatro líderes indígenas en 2014.
Según se determinó en el proceso anulado, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados por sus esfuerzos para combatir la tala ilegal en su territorio. Este caso, que inicialmente captó la atención debido a la gravedad de la sentencia y sus implicancias para los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de sus territorios comunitarios y ancestrales, así como la protección del medio ambiente en la Amazonía peruana, se ha convertido en un indicador internacional de la determinación del sistema judicial peruano para abordar cuestiones críticas.
Sin embargo, la decisión de reiniciar el juicio y permitir que los acusados permanezcan en libertad durante el proceso generó preocupación.
Al respecto, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), comentó que “hay una evidente falta de compromiso de la justicia peruana para detener y castigar a los culpables. La determinación del Estado para defender a las comunidades indígenas y mantener los derechos humanos está seriamente en duda”.
El caso Saweto es foco de atención de gobiernos extranjeros y de la Asociación de Abogados de América, y por ello ven este hecho como una prueba de la voluntad del sistema judicial peruano de impartir justicia equitativa a todos sus ciudadanos. Se espera que las audiencias duren hasta mediados de enero del 2024.
Para la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), es de orden vital abordar de manera clara la inseguridad y el temor que enfrentan los defensores ambientales, así como el desplazamiento forzado de las comunidades amenazadas por delitos ambientales. Según el presidente de la organización, Jamer López, “el caso Saweto no debe limitarse únicamente a un discurso político. En este segundo proceso buscamos que no solo sea un tema político, sino que se traduzca en acciones concretas y reales”.
Finalmente, Jorge Pérez Rubio comentó que “hay una evidente falta de compromiso de la justicia peruana para detener y castigar a los culpables, insinuando un camino cada vez más amplio hacia la impunidad. La determinación del Estado para defender a las comunidades indígenas y mantener los derechos humanos está seriamente en duda”.
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