De acuerdo con la Real Academia Española, la eutanasia se define como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, y, como segunda acotación se hace referencia a una muerte sin sufrimiento físico.
La eutanasia ha despertado debates interminables alrededor del mundo, tanto es así que solo en seis territorios se ha reconocido lo que unos ven como un derecho y otros como una libertad. El último en hacerlo fue España, en donde el Congreso aprobó el reconocimiento a una muerte digna con 198 votos a favor, 138 en contra y solo dos abstenciones.
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En el Perú los antecedentes legislativos son casi nulos. El último recordado, se dio en 2015 cuando el parlamentario Roberto Angulo Álvarez de la bancada Dignidad y Democracia presentó su autógrafa para legalizar la eutanasia y modificar el artículo 112 del Código Penal, en donde se señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años”.
Pero el panorama puede cambiar y en los próximos meses, se pondría en agenda el debate sobre esta alternativa para el cese del sufrimiento físico y mental. En diálogo con El Comercio, el congresista del Partido Morado, Alberto De Belaunde adelantó que en el mes de enero estima presentar su autógrafa para acceder a una muerte digna.
De Belaunde señala que su despacho se está basando en la experiencia chilena y que es el diputado y politólogo Vlado Mirosevic quién está nutriéndolos con su experiencia técnica en cuanto a la elaboración del proyecto y al mensaje a la ciudadanía.
Los dos ejes centrales de esta propuesta legislativa serían que es una decisión indelegable, es decir que la única persona que puede determinar el fin de su vida es exclusivamente el que padece del mal y el otro punto es que debe tratarse de una enfermedad incurable y que genere gran dolor físico o psicológico.
El parlamentario se muestra optimista y señala que aún queda un 45% de tiempo antes de que se acabe el periodo congresal. “Yo creo que los temas de derechos humanos no pueden esperar. Estamos hablando de vida digna y parte del concepto de vida digna es definir cuándo una persona puede ponerle fin (a su vida) y cuándo siente que ya no puede vivirla con los estándares que quisiera”, señala.
“Creo que todos hemos tenido de una manera u otra algún tipo de acercamiento a casos profundamente dolorosos, de una prolongación innecesaria de la vida cuando deberíamos permitirle a esa persona que decida”, agrega.
Como parte de su esquema de trabajo, De Belaunde señala que espera hacer mesas técnicas en donde se pueda compartir la experiencia internacional trayendo a diputados de Chile o España, y presentarlo ante otros sectores como el de Salud.
La iniciativa legislativa de Belaunde se suma a los esfuerzos que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo como parte del acompañamiento a Ana Estrada, la psicóloga que desde hace 30 años padece polimiositis, una enfermedad degenerativa que le ha ido paralizando los músculos de todo el cuerpo y que la ha hecho dependiente de un respirador artificial y del cuidado constante de especialistas médicos.
Por su parte, aunque Ana ve el panorama un poco desalentador señala que “el debate siempre es bueno y que ya es hora de que el Perú empiece a tratar el tema de la eutanasia”.
“Aún la muerte es un tema tabú, a pesar de que este año hemos convivido con ella. Recibo muchos comentarios y mensajes en contra y a todas estas manifestaciones les digo que yo estoy defendiendo un derecho. Una necesidad que tengo después de más de 30 años con una enfermedad degenerativa y que estoy lúcida para saber hasta dónde puedo aguantar. No es apología al suicidio, no es un asesinato. Los cuidados paliativos son diferente a eutanasia. Cada paciente tiene sus propias necesidades”, señala a este Diario.
El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, Percy Castillo, refuerza lo dicho por Ana y enfatiza que la eutanasia es un derecho y es un deber del Estado garantizarlo. Además, explica que con la acción de amparo presentada en febrero de este año a favor de Ana Estrada se busca afianzar las bases para un cambio y establecer jurisprudencia para que otras personas también puedan acceder a esta forma digna de acabar con su dolor y sufrimiento.
Este viernes 18 de diciembre, el Poder Judicial notificó que la audiencia para el caso Estrada se ha programado, a través de una audiencia virtual, para el 7 de enero del 2021.
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