Se llamaba Inti como el sol. Nació el 2 de febrero de 1996 y murió el viernes 14 de noviembre por el impacto de proyectiles a la altura del corazón. Jordan Inti Sotelo Camargo es uno de los dos jóvenes asesinados por la represión policial, que durante seis días consecutivos intentó detener las masivas protestas que empezaron el lunes 9, día en que 105 congresistas vacaron a Martín Vizcarra y dieron el poder a Manuel Merino.
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A Jack Bryan Pintado Sánchez lo mataron con 11 proyectiles en el rostro, cabeza y tórax. Tenía 22 años y salió a marchar por esa búsqueda de justicia que lo motivó toda su vida. “Veía mucha injusticia en el Perú. Él decía que quería estudiar eso para encontrar justicia”, cuenta su abuela desde la desolación de su pérdida. En esa búsqueda, en el 2015 ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte, pero tuvo que dejar la carrera hace un par de años por problemas económicos. Irónicamente, el fundador de esa casa de estudios es César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) cuyos 20 congresistas votaron a favor de la vacancia por la que el joven protestaba.
Bryan también empezó a estudiar Administración de Empresas, pero era una carrera que no lo convencía. Él quería ser abogado sí o sí y con esa aspiración marchó ayer. Unos veinte años antes, cuando su tío tenía 16 años, hizo lo mismo que Bryan y salió a las calles para protestar, esa vez contra el fujimorismo. “Hubiera preferido morir como luchador y no mi sobrino”, dijo ayer a América Noticias en la puerta de la morgue.
Según los reportes oficiales del hospital Guillermo Almenara, a donde fue llevado Bryan, y Emergencias Grau, hospital que recibió a Inti, ambos llegaron muertos. Las lesiones por los proyectiles fueron fulminantes.
Además, el Ministerio de Salud reporta hasta el momento 107 heridos, 34 de los cuales se encuentran internados en hospitales del país, y el Seguro Social (Essalud) tiene otros 16 heridos en sus nosocomios. En medio de todo, más de 50 jóvenes estuvieron inubicables varias horas desde ayer.
ONCE PROYECTILES
Bryan vivía con su padre, Oscar Pintado, y su abuela, Moraiba Sandoval, en el distrito de San Martín de Porres. Fueron los reportes de la televisión los que los alertaron de que el joven era la primera víctima mortal de la marcha. Ninguno sabía que había ido a protestar. Solo pidió una propina, escuchó el ‘hijo, cuídate mucho’ de su abuela, y salió. Desde las 2 de la madrugada hasta las 3:30 tuvieron que esperar para la confirmación. Esa demora para reconocer el cadáver también fue una agresión a la familia.
“No les dejaban entrar a la Morgue a reconocer el cuerpo. Estaban desesperados sin la certeza de que era su hijo y no un homónimo. Tuvimos que presionar para que les permitan ingresar”, cuenta el abogado de la familia, Jimmy Sotomayor.
En diálogo con El Comercio, el abogado explicó que denunciarán a los responsables por homicidio calificado, contemplado en el artículo 108 del Código Penal, con el agravante de que los actores son funcionarios públicos. La denuncia alcanzará a los responsables políticos de la represión de las marchas.
“No solo contra los policías que jalaron el gatillo porque la responsabilidad penal va a alcanzar a los altos mandos de la PNP que dirigieron el operativo. Ellos son los que dan las indicaciones. Ellos habrían señalado que en determinadas protestas disparen perdigones a quemarropa. No estamos hablando de un accidente, ni de disturbios, la policía está entrenada para no causar este tipo de lesiones. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también debe responder. No estamos hablando de un hecho aislado sino de una práctica sistemática contra las protestas que tenían varios días”, dijo.
La defensa espera los resultados de la necropsia de ley para que se confirme el tipo de proyectil que se utilizó contra Bryan. Durante la tarde de ayer, el abogado Ronald Gamarra difundió el acta de la necropsia en la que se señala que a Jack Bryan Pintado Sánchez se le extrajo 10 perdigones de plomo.
“La policía dice que utilizaron armas no letales, pero fue a quemarropa. Un arma no letal no le quita la vida a un joven de 22 años. Con 11 impactos en el rostro no estamos hablando de un accidente, sino de un homicidio calificado”, agregó.
Por ello, solicitan que intervenga una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad por tratarse de presuntos crímenes cometidos por funcionarios públicos.
Anoche, el Ministerio Público informó que la investigación está a cargo de las fiscales Lesly Carmona Viena, de la 4° Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, con el apoyo de los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Gerencia de Peritajes del ministerio.
La familia de Bryan pide ayuda para solventar los gastos del sepelio. Quienes deseen ayudar pueden contactarse al número 918-524-156 (contacto de Sandra Flores, tía de la víctima) o depositar a la cuenta BCP 191-94741056-0-34.
DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO
Jordan Inti quería ser guía de turismo y era uno de los alumnos más entusiastas en el Instituto Cepea. Así lo recuerda el profesor Juan Manuel Dávila Herrera, quien tras enterarse de la muerte del joven publicó una imagen en su cuenta de Facebook en la que Jordan Inti le agradecía haber sacado su lado “Sherlock Holmes” en clase. Era relajado, franco e irónico, dice el docente.
Pero sobre todo era un luchador. “La policía lo ha matado por salir a defender a su patria”, dijo ayer su hermano en la puerta del hospital Grau.
Al mismo tiempo en que su padre y madre lloraban en el hospital, un grupo de policías intentó ingresar a la vivienda de la familia, en el distrito de La Victoria. Fueron los vecinos quienes impidieron que esto pase.
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NO UBICADOS
Después de la marcha del sábado 14 de noviembre, más de 40 personas fueron reportadas como desparecidas, según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Se trata de varones y mujeres que acudieron a la marcha el viernes y que no eran ubicados después de varias horas. Ellos han sido reportados por sus amigos y familiares a través de redes sociales y de los teléfonos de la CNDDHH. La Unidad de Protección de Defensores de esta institución informó que durante la madrugada se recorrieron comisarías y sus calabozos en Lima sin encontrar a los jóvenes.
Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, dijo a este Diario que ayer visitaron 11 dependencias policiales de Lima para buscar a los jóvenes que participaron en la marcha. Los establecimientos revisados con la comisaría de San Andrés, Cotabambas, Alfonso Ugarte, así como las Divisiones policiales de Investigación de delitos de Alta Complejidad, de Asuntos Sociales, Contra el Terrorismo, de Extranjería, de Inteligencia, de Investigación Criminal, la Depincri de San Andrés y la Dinoes.
En estas dependencias no se ha hallado a ningún joven, pero continuarán en El Potao, la Escuela Militar de Chorrillos y el Pentagonito. De encontrarse a alguno de los desparecidos en estas dependencias, Barrenechea indicó que se tratarían de casos irregulares en los que correspondería una denuncia por vulneración de los derechos humanos de los intervenidos.
“Solo uno de los casos sería un caso grave porque se vulneran los derechos humanos, como a la integridad, a la libertad, a la comunicación y a conocer el motivo de su detención”, dijo a El Comercio.
En caso de detectarse maltratos, sería aún más grave debido a que se trataría de torturas cometidas por funcionarios públicos. Le corresponde a la Fiscalía investigar con celeridad estos casos. “Ayer [el sábado] hemos encontrado varias situaciones en las que las intervenciones de las fuerzas del orden tienen que investigarse porque pueden ser tortura. En las marchas hemos visto mucha violencia, gente que ha sido reducida y encima golpeada”, agregó.
La lista de desaparecidos se actualiza constantemente y se puede acceder a ella en este enlace. Hasta ayer había 50 reportes de personas no habidas, pero la CNDDHH informó que en los últimas horas aparecieron varios, entre ellos Alejandro Ríos Ferreyros, César Miranda Farche, Gerson Jordy Camasca Gálvez, Marcelo Daneri Pérez, Sire Martínez y Juan Alva Núñez. Para las 4:50 p.m. aún quedaban 20 personas por aparecer, y a las 8:00 p.m eran 8 no ubicados. Hoy, lunes 16, a las 12:00, quedan cuatro personas sin ubicar. Ellos son Roberto Rolando Delgado Gonzáles, Luis Hurtado Castillo, Gabriel Rodríguez Medrano y Edward Antonio Ninacondor Quispe. Vale precisar que este último habría escrito en sus redes sociales para informar que se encuentra bien.
USO IRRACIONAL DE LA FUERZA
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha constatado el “uso irracional y desproporcionado de la fuerza por parte de personal de la Policía Nacional” durante las marchas contra Manuel Merino.
“Durante varias horas los efectivos policiales de manera persistente arrojaron a miles de manifestantes bombas lacrimógenas, y dispararon contra ellos sus armas de perdigones. Esta conducta particularmente agresiva de la Policía Nacional rebasa los límites en el uso de la fuerza establecidos en leyes, reglamentos e instrumentos internacionales, y es claramente violatoria de los derechos a la integridad física y del derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Agresiones que se dirigieron también contra el personal de la Defensoría del Pueblo, obstaculizando su trabajo y hostilizando a comisionados y comisionadas plenamente identificados con los chalecos y credenciales de la institución”, señalaron en el comunicado.
Sobre las desapariciones, exigen a las fiscalías del Ministerio Público investigar las circunstancias de su desaparición, ubicarlos a la brevedad posible y verificar su estado de salud. Al mismo tiempo, el congresista Daniel Olivares (Partido Morado) ha solicitado que la fiscalía pida a las operadoras de telefonía otorgar la relación de geolocalización de los celulares de quienes aún no aparecen.
Asimismo, se ha creado el Instagram la cuenta desaparecidos_pe para reunir los reportes de jóvenes inubicables desde ayer y ayudar con la difusión de sus nombres y rostros.
Entre los desaparecidos hubo varios alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin embargo, la casa de estudios informó que ya todos sus estudiantes han sido ubicados. En un comunicado, informaron que en señal de duelo y respeto por los muertos, heridos y desaparecidos por la marcha, suspenderán toda actividad académica por una semana.
El Colegio de Abogados de Lima ha informado que sus defensorías sociales se encuentran activadas para sumarse en la defensa legal de las víctimas que participaron en la marcha y que se encuentran detenidos en comisarías, internados en hospitales o los familiares de las personas no ubicadas. En un comunicado denunciaron que los familiares de los jóvenes no aparecen "no cuentan con la asistencia debida para informarse sobre el paradero de sus seres queridos. Por ello, instaron a las autoridades a acudir de forma inmediata a las puertas de ingreso de comisarías y hospitales para ayudar a las familias.
Anoche, luego de la confirmación de las muertes de Inti y Bryan, las cacerolas volvieron a sonar a las 10:30 p.m., a la medianoche y durante la madrugada. El dolor y la indignación expresada en ese sonido metálico ha acompañado las protestas en todo el país. Esta mañana se escucharon con más fuerza, cuando Manuel Merino, luego de seis días en el poder, dijo que renunciaba a una Presidencia que nunca tuvo respaldo ciudadano.
Actualización:
Esta nota se actualizó este lunes con la información de los cuatro jóvenes reportados aún como desparecidos, según la CNDDHH.
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