Hace 25 días, la fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de un camión-cisterna ocasionó una deflagración que dejó, hasta el momento, 30 personas fallecidas y varios heridos en Villa El Salvador (VES).
El fatal accidente evidenció una cadena de irresponsabilidades desde la construcción de la vía, que presentaba un desnivel a pocos años de haber sido construida, hasta la nula fiscalización del vehículo por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
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Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada del 12 al 14 de febrero, el 60% de los peruanos considera que las autoridades no fiscalizan debidamente a las empresas que realizan el transporte del GLP.
Del mismo modo, el 42% de los entrevistados aseguraron que el accidente se originó por el mal estado de las pistas; mientras que el 31% de ellos manifestó que el accidente se produjo por la informalidad en el país.
David Sulmont, sociólogo especializado en opinión pública, asegura que la población tiene una pobre concepción respecto a los servicios que provee el Estado y a su capacidad para revertir dicha situación.
“Lo que interpretan las personas es una empresa que operaba con bajos estándares como lo hacen muchas otras en todo el país y un Estado que tienen la capacidad para luchar contra ello”, aseguró Sulmont.
Del mismo modo, Johnny Zas Friz, experto en derecho municipal de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), explicó que la informalidad ha sobrepasado la capacidad de fiscalización para prevenir este tipo de accidentes.
“Vemos que las autoridades solo tienen capacidad reactiva; es decir, actúan luego que se producen los hechos. Si la tragedia en VES no ocurría, nada hubiese cambiado", explica Zas Friz.
–Sanciones leves–
La campaña #NoTePases, de este Diario, constató que Luis Guzmán Palomino, conductor del camión-cisterna de la empresa Transgas L.G E.I.R.L, registra 83 infracciones de tránsito y transporte, entre las cuales resaltan agredir a inspectores, trasladar carga peligrosa de manera insegura y circular por vías no autorizadas. Pese a ello, continuaba conduciendo por las calles de Lima.
La encuesta también arrojó que el 58% de los peruanos considera que los conductores que cometen infracciones de tránsito pagan a los policías para poder seguir circulando. Además, un 16% considera que las sanciones por circular cuando el vehículo tiene orden de captura, no son suficientemente drásticas.
Ante ello, Zas Friz aseguró que hay una “micro-corrupción” enquistada en la cultura de las personas. “También existe una co-responsabilidad por parte de las personas que cometen infracciones y buscan una salida para evitar ser sancionados. Es la herencia de nuestras grandes crisis que será muy difícil de cortar”, señaló.
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