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La diputada Roxana Rocha está planteando en la Cámara de Diputados del Congreso de la República un proyecto de ley que, entre otras cosas, impondría penas de cárcel de hasta 6 años para conductores informales, pero también formales, que pongan en peligro la vida de los pasajeros. Sin embargo, la medida ha recibido observaciones de especialistas y de instituciones relacionadas al transporte urbano que deberían ser tomadas en cuenta.
¿De qué trata el Proyecto de Ley?
La diputada por Renovación Popular ha elaborado el Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD, el mismo que plantea la modificación del Código Penal para sancionar con penas de cárcel de hasta 6 años a conductores del transporte público que pongan en peligro la vida de los pasajeros o de terceros, pero también carga o mercancías.
En conversación con El Comercio, Roxana Rocha aseguró que su propuesta abarca a formales e informales: “tener autorización no libera a nadie de cumplir las condiciones de seguridad. Pero, debemos ser claros: ni la informalidad ni una infracción administrativa bastan para configurar estos delitos. El proyecto exige que se genere un peligro concreto para la vida, la salud o la integridad de las personas. La seguridad de los pasajeros debe exigirse a todos”, detalló.

La diputada mencionó en ocasiones anteriores que su propuesta responde a la data que expone; por ejemplo, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial que detalla que entre enero de 2021 y marzo de 2024 se reportaron más de 266 mil siniestros, con 10,226 fallecidos y más de 175,000 lesionados. Asimismo, entre 2021 y 2023, el 35% de conductores fallecidos no tenían licencia, en tanto que el 6,6% tenía la licencia vencida.
Por su parte, James Rodríguez, abogado penalista y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal acotó lo siguiente: “el proyecto de ley persigue una finalidad legítima, que es proteger la vida de los usuarios. Sin embargo, su aprobación exige una revisión cuidadosa y la necesidad de la reforma y la precisión de los delitos que se pretende incorporar o modificar. No obstante, se debe respetar los principios de legalidad, de lesividad y de proporcionalidad reconocidos por el derecho penal”.
El Comercio también conversó con David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quien se mostró a favor del proyecto de ley: “estamos de acuerdo. Creemos que las infracciones, el control, debe hacerse con proporcionalidad. Hemos bajado las infracciones a aquellos que no la merecen. Creemos que deben subirse y ser contundentes contra aquellos que, probadamente, atentan contra el cuerpo, la vida y la salud”.

¿Cuáles son las penas?
La iniciativa legislativa de la diputada Rocha incluye tres tipos de sanciones penales dentro de su proyecto de ley, modifica la 273-A e incluye una nueva: la 273-B:
- Pena de 1 a 3 años de prisión más inhabilitación. Aplicará cuando se genere peligro concreto, no contar con licencia vigente o adecuada al vehículo, no tener SOAT vigente o carecer de inspección técnica vigente. Sanciona al transporte público de pasajeros, mercancías o carga con habilitación.
- Pena de 4 a 6 años de cárcel más inhabilitación. Aplica por prestar servicio o conducir un vehículo destinado al transporte sin habilitación correspondiente y generar peligro concreto. Sanciona al transporte de pasajeros, mercancía o carga sin habilitación.
- Pena de 6 meses a 2 años de cárcel, o 52 a 104 jornadas de servicios comunitarios. Aplica por conducir sin licencia, licencia vencida o cancelada, estando inhabilitado o con licencia que no corresponda al vehículo, que genere peligro concreto. Sanciona al conductor sin habilitación personal, “fuera de los supuestos anteriores”.
Rodríguez indica que las penas deben estar basadas en elementos de delito jurídicamente relevantes, de lo contrario podría caerse en desproporcionalidad penal: “la constitucionalidad de la norma va a depender de la precisión de sus disposiciones y de la proporcionalidad de las sanciones. Este proyecto debe ser revisado minuciosamente antes de su aprobación a fin de justificar la necesidad de la reforma, evitar duplicidades, como se está dando con el artículo 273-A vigente actualmente. Se requiere, sobre todo, una norma clara, proporcional y eficaz, acompañada por fiscalización adecuada, porque elevar las penas no evita que se cometan delitos”.

¿Qué cambia respecto a la ley vigente?
La iniciativa de la parlamentaria de Renovación Popular, en lo esencial, hace modificaciones al artículo 273-A del Código Penal exigiendo, además, que se genere un “peligro concreto”, e incluye uno nuevo, el 237-B. En el primer caso, amplía la regulación al transporte público de personas, mercancías y carga; mientras que en el segundo está enfocado a la conducción de vehículos motorizados sin habilitación personal que genere peligro.
La diferencia viene en el artículo 273-A vigente, el cual comprende penas de privación de la libertad de 1 a 3 años e inhabilitación, para conductores o prestadores de servicio de transporte de pasajeros que pongan en riesgo la vida e integridad física sin contar con las condiciones legales y técnicas como inspección técnica y carecer de SOAT.
Ante esto James Rodríguez, detalla al respecto: “esta ley sirve, pero debería ir acompañada por fiscalización antes que nada, pero también con una ampliación de penales o construir nuevos, porque actualmente no hay espacio para los que cometen delitos graves como sicarios y extorsionadores. Insisto, la ley es buena, pero ¿se puede implementar? Me parece difícil”.

¿Falta definir el “peligro concreto”?
Rodríguez comenta que la falta de delimitación en la terminología, como el “peligro concreto”, podría conllevar a algunos escenarios de arbitrariedad cuando la justicia tome alguno de estos casos.
“No tener licencia vigente, ni revisión técnica adecuada o no pagar el SOAT no ameritan una sanción penal, son tan solo infracciones administrativas. Debe existir una conducta que reúna los elementos del delito, de lo contrario se afectará el principio de proporcionalidad”.
Sin embargo, Roxana Rocha lo explica así: “exigir peligro concreto obliga a acreditar una situación real de riesgo; no permite presumirla únicamente porque falta una licencia o un documento. La acusación debe sustentarse en hechos y pruebas. La decisión judicial debe estar motivada. Si durante el debate se requieren precisiones para asegurar una aplicación más clara, se evaluará si amerita el cambio. Queremos una norma eficaz y que respete las garantías de todos”.

Hernández va un poco más allá y algunos potenciales escenarios que podrían pertenecer al “peligro concreto”: “tomar un vehículo, acelerar y golpear a una persona, por supuesto, acelerar de forma intencionada en lugares donde no está permitido. Ese como otros casos son medibles y sancionables como se plantea en el proyecto de ley”.
Y agrega: “si existen los medios probatorios claros, si se ve una clara intencionalidad de agredir, creo que los jueces y fiscales deberían actuar conforme a ley, porque la norma no se aplicaría para cualquier ciudadano, sino para escenarios de delito bien definidos”.
Otros puntos en cuestión
En ese sentido el PL indica que toda responsabilidad penal será personal, eso quiere decir que no sancionará al propietario del vehículo solo por ser el dueño, un hecho que ha sido observado por especialistas, pero la diputada explicó el por qué de esta modificación: “debemos tener en cuenta que en nuestro sistema penal la responsabilidad es personal. No podemos sancionar a alguien solo por ser propietario de un vehículo. Si una persona intervino como autor o partícipe, deberá responder conforme al Código Penal”.

Otro punto que se ha señalado es la posibilidad de saltarse la figura del “ne bis in idem” que significa “no dos veces por lo mismo”, a prohibición que una persona sea juzgada o sancionada más de una vez por los mismo hechos: ”hemos incorporado expresamente el respeto a este principio en la Segunda Disposición Complementaria Final. Las autoridades deben verificar que esa garantía se respete en cada caso. Queremos sanciones eficaces frente a conductas peligrosas, siempre con respeto al debido proceso”, detalló.
Ante una ley que podría mandar a prisión por faltas que algunos califican de administrativas y el peligro de criminalizar a este sector, Rocha comentó: “el objetivo es proteger la vida e integridad de las personas frente a servicios de transporte que las pongan en peligro, tengan o no autorización. No se busca criminalizar a quien trabaja ni convertir la informalidad en delito: se exige acreditar un peligro concreto para las personas. Además, el Estado debe facilitar la formalización y fiscalizar con transparencia. Quien sale a trabajar merece un trato justo y quien utiliza el transporte merece llegar con vida a su destino”.
¿Prisión para conductores irresponsables es la solución?
Expertos como James Rodríguez afirman que el proyecto de ley es necesario, pero se plantea la interrogante si es que las faltas administrativas sancionadas con penas de cárcel serán suficientes para modificar la conducta de conductores irresponsables, formales e informales, que pongan en peligro la integridad de sus pasajeros.

“Está probado que el aumento de penas no va a reducir la decisión de las personas de cometer delitos. Se necesita una mejor política penitenciaria, pero también campañas eficaces de fiscalización, pero sobre todo educación vial no solo a los conductores, también a los usuarios”.
Roxana Rocha plantea lo siguiente: “las sanciones penales pueden contribuir a prevenir conductas peligrosas, pero ninguna ley resolverá por sí sola la inseguridad vial. Se necesita mayor fiscalización, educación vial, vías seguras y procedimientos de licenciamiento confiables. También debemos combatir la corrupción que permite que conductores y vehículos circulen incumpliendo las reglas”.
Además de traer a colación su iniciativa para fortalecer la seguridad vial para proteger la vida de los peatones y pasajeros, insiste en que tanto el Ejecutivo como diversas autoridades deben realizar sus respectivas funciones de “prevención, fiscalización y educación vial (...) este proyecto de ley no pretende llenar las cárceles de conductores ni perseguir a quienes trabajan honradamente, sino evitar que más familias pierdan a sus seres queridos por conductas irresponsables al volante. La vida vale mucho más que cualquier infracción de tránsito”.

Finalmente, el presidente ejecutivo de ATU puntualiza lo siguiente: “necesitamos recuperar estrategias de seguridad vial. Necesitamos fomentar pensamiento cívico en las personas. En un restaurante nadie va empujándose, pero en un carro sí, debemos llegar a un tránsito amable que reduzca condiciones de fricción”.
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