Congresistas buscan ampliar hasta por 10 años el permiso a todas las combis de Lima | #NoTePases

Todas las empresas de transporte público de Lima y Callao, incluyendo las que arrastran millonarias deudas por papeletas, podrían seguir circulando por las pistas hasta por una década más. Dos proyectos de ley, que serán debatidos hoy martes en el Congreso de la República, proponen ampliar automáticamente -uno por 6 y otro por 10 años- las autorizaciones a todas rutas de las combis, buses y coasters. Los proyectos de ley fueron planteados por congresistas de los partidos Fuerza Popular y Acción Popular.

Aprobar estas iniciativas significaría prolongar el sistema con el que opera el transporte actualmente, donde no existen vínculos formales entre chofer, dueño del vehículo, empresa de transporte y titular de la ruta, lo que hace que los buses de una misma empresa compitan entre sí para ganar pasajeros, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Actualmente los buses en Lima y Callao operan bajo el régimen ‘comisionista-afiliador’, en el que una sola persona es titular de una ruta, pero al no tener ni unidades propias ni solvencia económica convoca a cualquier dueño de bus y choferes sin filtros, a través de letreros como: “Se reciben unidades”. Este régimen hace que los buses de una misma flota ‘correteen' entre sí, generando desorden en las calles y una larga lista de accidentes de tránsito. También existen rutas autorizadas por el Callao que son desconocidas por Lima, y viceversa, lo que genera caos, pues ambas ciudades comparten tramos.

La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) actualmente es el organismo técnico facultado para reordenar las rutas del transporte público y promover un sistema de transporte integrado, a través de licitaciones de rutas, con flotas de buses en buen estado y choferes en planilla, con el objetivo de frenar asegurar la frecuencia de las unidades sin poner en riesgo a los ciudadanos. También tiene el objetivo de crear una sola tarjeta para todo el sistema integrado. Esta institución ha venido prolongando las autorizaciones de los buses por períodos breves necesarios para que estas empresas se vayan adaptando al nuevo sistema formal y busquen renovar sus flotas.

Según informó María Jara, presidenta de la ATU, las nuevas licitaciones del paquete de rutas de transporte público están camino a implementarse. Estas quedaron pendientes en los cinco corredores viales complementarios.

El presidente de la ONG Transitemos, Alfonso Flores, sostiene que aprobar cualquiera de estos proyectos significaría prolongar el caos del transporte de Lima y Callao, que actualmente perjudica a más de 8 millones de personas al día. En tanto, la ATU explicó a El Comercio que cualquiera de estas iniciativas desmantelaría el trabajo que se está realizando para lograr un sistema de transporte integrado.

Actualmente este organismo busca establecer un sistema de recaudo único para todos los medios del transporte. En paralelo, se encuentra elaborando un plan regulador de rutas, que busca reducir la superposición existente para ampliar las rutas de corredores, el tren eléctrico y el Metropolitano. La mayoría de funciones de las gerencias de transporte urbano municipales, Pro Transporte y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) fueron absorbidas por esta nueva entidad recientemente.

A favor

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano y empresario transportista, dice que esta iniciativa de ley le dará a sus colegas la “estabilidad jurídica” que necesitan para conseguir un crédito y puedan renovar su flota y capacitar a su personal. “No pedimos que se amplíe para seguir haciendo lo mismo. Lo que estamos pidiendo es una autorización para que se nos brinde una herramienta para poder desarrollarnos mediante un plan de acciones”, dijo Pareja a este Diario.

Pareja dice que “en gran parte” su gremio ha contribuido en que se materialice la propuesta. Como ejemplo, indica que se ha reunido en distintas ocasiones con el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Luis Carlos Simeón, y con congresistas de ese grupo de trabajo, para darles a conocer sus puntos de vista. También ha enviado cartas a la ATU. “Ellos han manifestado su voluntad de poder contribuir a que se haga justicia”, dice Pareja.