Las políticas migratorias de Donald Trump sobre las deportaciones masivas vienen siendo acatadas por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y diversas ciudades a favor del control inmigratorio. Sin embargo, hay un estado en el que sus alguaciles se han mostrado en contra de esas normativas severas frente a los indocumentados.
Hablamos de Arizona, donde sus alguaciles no comparten las estrategias para detener a los inmigrantes sin papeles. “No vamos a salir a buscar activamente a la gente”, dijo Preston Alfred, el alguacil del condado de Graham. “Nunca hemos hecho eso. No hacemos ese tipo de cosas; no hay ningún lugar en mis deberes o responsabilidades como alguacil aquí en el que deba involucrarme o participar” en redadas de inmigrantes", declaró el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos.
QUIEREN FORZAR LA COOPERACIÓN
Los republicanos en la Legislatura de Arizona están tomando medidas para obligar a los departamentos de policía y a los 15 alguaciles del condado a ayudar con la aplicación de la ley federal sobre los inmigrantes indocumentados. Justamente, el presidente del Senado estatal, Warren Peters, propuso un proyecto de ley que exigiría firmar acuerdos a todas las agencias de aplicación de la ley en Arizona con el ICE.
Según el ICE, solo cuatro departamentos de Arizona tienen este tipo de acuerdos (los condados de Yavapai, Pinal, La Paz y Mesa). Cada jurisdicción ha acordado albergar a los inmigrantes detenidos y hacer que los agentes de detención capacitados por el ICE identifiquen a los reclusos que podrían estar sujetos a deportación.
Lo que sí los alguaciles no responden ante la Casa Blanca ni el Congreso, pero sí responden ante la Legislatura. El gobierno no puede dar órdenes a las agencias estatales y locales, a menos que haya un acuerdo entre ambas partes.
En el condado de Pima, que abarca más frontera que cualquier otro en Arizona, el alguacil dijo que su departamento no tiene problemas en proporcionar refuerzos cuando la Patrulla Fronteriza los necesita, pero eso es lo más lejos que irán.
“Los ayudaremos, por supuesto, pero no estamos haciendo su trabajo”, dijo Nanos. Así como él, otros alguaciles de Arizona aseguraron que sus departamentos ya están sobrecargados y no quieren que sus agentes se vean obligados a hacer cumplir las leyes de inmigración.
LA PROPOSICIÓN 314
De todos modos, es probable que esa carga de trabajo se amplíe por la Proposición 314. La medida convierte en delito cruzar la frontera ilegalmente, según la ley estatal. También permite a los jueces estatales ordenar la deportación, que tradicionalmente es una autoridad federal.
Varios alguaciles de Arizona se opusieron a la Proposición 314 y muchos dijeron que tendrían dificultades para aplicarla. El lunes, el Comité de Seguridad Pública y Aplicación de la Ley de la Cámara de Representantes del estado aprobó un proyecto de ley que proporcionaría 50 millones de dólares para ayudar a reforzar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración por parte de las agencias estatales y locales.
Sin embargo, con o sin nuevos fondos, Nanos señaló que no quiere participar en la aplicación de la ley de inmigración, pues encontrar, detener y, finalmente, deportar a 11 millones de personas requerirá más recursos de los que tiene el gobierno federal.
Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo multimedia.