A partir del 11 de abril, un nuevo capítulo inicia para la inmigración en Estados Unidos. El presidente Donald Trump activó una orden ejecutiva titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”. Con ella, exige que todos los migrantes —ya estén ingresando o residiendo en el país— presenten documentación que acredite su registro ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Para algunos, una medida de control necesaria; para otros, un giro alarmante en la política migratoria estadounidense.
¿CÓMO REALIZAR EL REGISTRO?
La orden ejecutiva obliga a los migrantes a completar el Formulario G-325R en el sitio web oficial del USCIS, lo que desencadena una cadena de pasos obligatorios. Uno de ellos es la cita para servicios biométricos, donde deben proporcionar huellas dactilares, fotografías y otra información personal. La advertencia es clara: quien no cumpla, enfrentará sanciones penales. El mensaje, difundido en redes sociales por la propia agencia, suena más a advertencia que a recordatorio.
Según USCIS, los datos biométricos son herramientas esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, pero también del comercio, el turismo y la privacidad de quienes llegan al país. Sin embargo, el nivel de vigilancia que implica esta medida ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y migrantes. ¿Es realmente una herramienta de protección o una puerta a la criminalización masiva?
EL NUEVO PROTOCOLO NO TERMINA CON EL REGISTRO INICIAL
Todo migrante registrado debe informar cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores, bajo pena de multa o cárcel. Cualquier olvido o error puede tener consecuencias serias: una multa de hasta US$5,000, 30 días de prisión o incluso ambas. Además, no cumplir con este paso pone al migrante en riesgo de deportación inmediata, a menos que demuestre una razón válida para el incumplimiento.
El uso del lenguaje en esta política no pasa desapercibido. Palabras como “invasión”, “protección” y “seguridad nacional” no son solo descripciones, sino símbolos que refuerzan una narrativa polarizante. Desde el punto de vista de la administración Trump, la medida busca “fortalecer el sistema migratorio y proteger a los estadounidenses”. Pero desde la perspectiva de muchas comunidades migrantes, representa una carga burocrática bajo amenaza constante de castigo.
ORGANIZACIONES AYUDAN A LOS MIGRANTES
Organizaciones pro derechos civiles han comenzado a articular respuestas legales y comunicacionales para orientar a los migrantes. “Esto no es solo un formulario, es una forma de mantener a la gente con miedo”, señaló una portavoz de una ONG en Nueva York. Las líneas de ayuda legal ya se están saturando con preguntas sobre cómo llenar el formulario, qué ocurre si no llega la notificación a tiempo o si se cambia de dirección y se olvida notificar.
Más allá de su implementación, la orden ejecutiva revive un debate constante: ¿puede un país garantizar su seguridad sin comprometer los principios de libertad y debido proceso? Las políticas migratorias de Estados Unidos llevan años caminando sobre esa cuerda floja, y esta nueva exigencia solo pone más peso sobre ella. El riesgo no solo lo llevan los migrantes, sino también el sistema mismo, que podría colapsar bajo el peso de su propia burocracia.
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