El gobierno francés rechazó las críticas vertidas contra sus programas de los servicios secretos por un supuesto espionaje a las comunicaciones electrónicas y alegó que todas las actividades al respecto están reguladas por una ley que data de 1991, dijo hoy un portavoz del ejecutivo.
Esa ley prevé que el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, debe aprobar todas las medidas de vigilancia.
Un control de sus decisiones le corresponde a la comisión independiente CNCIS, a la que pertenecen, entre otros, diputados del Parlamento.
De acuerdo con una información del diario Le Monde de este viernes, Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) intercepta señales de todos los teléfonos y computadoras en Francia para realizar mapas de comunicaciones.
El objetivo fue reunir información sobre quién se contacta con quién, ya sea por teléfono, correo electrónico, Facebook y Twitter, más que el contenido de las comunicaciones en sí, reportó Le Monde citando a un ex jefe de los servicios de inteligencia y un miembro del Parlamento, cuyos nombres no difundió.
La DGSE compartió la información con otras seis agencias, incluyendo el servicio de inteligencia interno y aduanas, precisó el reporte.
De acuerdo con las fuentes de inteligencia a las que accedió el periódico, la operación aprovechó un vacío en la ley sobre la colección de metadatos datos sobre datos.
“La DGSE es un servicio del Estado, bajo la autoridad del poder ejecutivo”, según su propia página web, y “el objetivo exclusivo de sus actividades, definidas por la autoridad política, es la protección de los intereses franceses”.