Las heridas abiertas de Chile 40 años después del golpe

Al cantante Vctor Jara lo asesinaron de 44 balazos en el Estadio Chile. Sucedi el 16 de setiembre de 1973, cinco das despus del golpe de Estado contra Salvador Allende. Han pasado 40 aos y el sindicado como su asesino, el militar Pedro Pablo Barrientos, sigue sin ser llevado a la justicia. Vive en EE.UU. desde los aos 90. Otros siete cmplices fueron detenidos en diciembre del 2012, pero ahora cuatro de ellos gozan de libertad provisional.

A quien s le alcanz la justicia fue al sanguinario general Manuel Contreras, que entre 1973 y 1977 dirigi la temida Direccin de Inteligencia Nacional (DINA), la columna vertebral de la cruel represin y persecucin de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Encarcelado desde el 2005, Contreras acumula condenas por ms de 300 aos de prisin.

A 40 aos del golpe y a 23 aos del retorno a la democracia, la divisin entre quienes apoyan a la dictadura y los que la repudian tambin es evidente a la hora de sacar cuentas sobre la actuacin de los tribunales para juzgar los crmenes. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos humanos saludan los avances y a la vez critican la benevolencia a la hora de fallar en algunos casos, otros sectores destacan la cantidad de juicios abiertos a pesar de la vigencia de leyes que buscaban garantizar la impunidad.

Segn datos oficiales, entre casos cerrados y en juicio hay 1.250 procesos contra un total de 911 personas. De estos, 263 han recibido sentencia definitiva. Son 30 los jueces encargados de llevar adelante los procesos.

De acuerdo con el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, presentado esta semana, entre el 2010 y el 2013 se han interpuesto 2.000 nuevas querellas criminales por las 3.216 vctimas de desaparicin forzada o ejecucin poltica reconocidas por el Estado.

En cuanto a la actuacin de los poderes del Estado durante la dictadura, esta semana la Corte Suprema hizo un mea culpa por sus omisiones y reconoci que no acogi miles de acciones de amparo de vctimas del rgimen militar; no obstante, no pidi perdn por ello, como lo esperaban los familiares de los muertos y desaparecidos.

Se hubiese requerido un gesto de otra envergadura para hacerse cargo de los ms de cinco mil recursos de amparo no acogidos solo entre 1973 y 1983. Cinco mil omisiones? Mejor ni cotejar la lista de las vctimas con esos recursos de amparo denegados, escribi el analista poltico Ernesto guila en el diario La Tercera.

LA LEY DE AMNISTA Ha habido progresos para enfrentar la impunidad de las violaciones generalizadas cometidas durante el rgimen militar Gracias a la perseverancia de muchas de las vctimas y sus familias y la valenta de unos pocos fiscales y jueces, varios de los responsables de tales crmenes han comparecido ante la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer para abordar el legado de violaciones de derechos humanos, seal Amnista Internacional Chile en un comunicado divulgado el 11 de setiembre.

Ese da, la organizacin de defensa de los derechos humanos dej en el Palacio de La Moneda un documento con 25.000 firmas para pedir la anulacin de la Ley de Amnista de 1978 y las figuras legales que permiten el perdn para los autores de violaciones de los derechos humanos.

Si bien esa ley est en vigencia, ello no ha impedido que desde el fin de la dictadura algunos jueces la ignoren a la hora de abrir procesos y dictar sentencias.

En su informe anual, la Universidad Diego Portales coincide en que desde 1990 hay avances significativos en la bsqueda de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantas para que no se repitan los crmenes de la dictadura.

No obstante, se trata de un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. An se espera la materializacin de una clara voluntad poltica para proclamar, sin ambivalencias, reservas ni retrocesos, la vocacin de Chile de cosechar de su historia reciente un compromiso firme, irrestricto y transversal con el repudio de la represin y la impunidad, y el fomento de las libertades, agrega.

Una muestra de la polarizacin de la opinin pblica cuando se habla de la dictadura se dio esta semana luego de unas polmicas palabras del presidente chileno Sebastin Piera. El mandatario seal que el gobierno de Salvador Allende tambin quebrant, de manera reiterada, la legalidad y el Estado de derecho en Chile, y eso tambin debemos recordarlo.

Estas palabras fueron respondidas casi de inmediato por la Agrupacin de Familiares de Ejecutados Polticos (AFEP): Lo ms inslito ante tanta impunidad el presidente Sebastin Piera decide conmemorar el 11 de setiembre haciendo una crtica a todos los sectores, vctimas y victimarios por igual. Lo que es intolerable, seal en un comunicado.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), le dijo a Efe que para justificar las atrocidades del rgimen militar, la derecha ha echado mano de la falacia de las responsabilidades compartidas entre los golpistas y las fuerzas polticas que apoyaban a Allende.

Mientras la sociedad chilena no avizora en el horizonte seales de una reconciliacin en el corto plazo, los familiares de Vctor Jara s podran empezar a cerrar sus heridas, pues el acusado del asesinato del cantante est cercado en Florida por organizaciones que defienden los derechos humanos, que han empezado una batalla legal para que sea extraditado a Chile.