La infanta Cristina, hija de los reyes de España, fue imputada el miércoles por el escándalo de corrupción que afecta a su marido, en el último de una serie de golpes a la credibilidad de la corona.

El juez José Castro citó a declarar a Cristina de Borbón en calidad de sospechosa el próximo 27 de abril en el tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, donde se investiga un caso que acumula ya más de 42.000 folios de instrucción .

De momento, Cristina, la mediana de los tres hijos de Juan Carlos y Sofía, está bajo investigación y no se le acusa de delito formal alguno. La Casa Real dijo que no hace comentarios sobre decisiones judiciales.

Cristina, de 47 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que supuestamente documentaban su conocimiento de las actividades de su esposo Iñaki Urdangarín .

La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio presuntamente se apropiaron de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín .

El cerco judicial se había estrechado mucho sobre la infanta Cristina. Su secretario personal Carlos García Revenga fue imputado y ya testificó ante Castro el pasado 23 de febrero.

Castro había rechazado previamente la imputación de Cristina al no encontrar indicios suficientes de culpabilidad. Pero en un nuevo auto de 19 páginas, el magistrado reconoció que el testimonio de García Revenga generó dudas sobre el papel de la infanta, que formaba parte como vocal de la directiva del instituto en cuestión Nóos.

El juez admitió que Cristina no participaba en las contrataciones y la labor diaria de Nóos, pero cuestionó que desconociera las actividades de su marido y los beneficios económicos que ambos obtenían usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.

Castro explicó que ese comportamiento podría calificarse como de cooperación necesaria o complicidad, según el Código Penal español. Y aseguró que no imputar a la infanta cerraría en falso la investigación y rompería la máxima de que la justicia es igual para todos.

Al igual que su mujer, Urdangarín, de 45 años, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel, y todavía no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.

En enero, el juez Castro impuso una fianza de 8,2 millones de euros (11,1 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil para Urdangarín y Torres, que no pagaron.

En el auto de 542 páginas para justificar la multa, el juez argumentó que los imputados utilizaron el paraguas de bondad y de ayuda al prójimo que se presupone a las entidades sin ánimo de lucro para desviar fondos públicos en beneficio propio.

El caso de Urdangarín ha multiplicado las sospechas de que los más allegados a la familia real hicieron la vista gorda a unos negocios presuntamente turbios.

La imagen del próximo 27 de abril con la hija de los reyes entrando en un tribunal de justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en Africa el año pasado que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo del 26%.

Urdangarín y Cristina, que tienen cuatro hijos, ostentan el título de duques de Palma, la misma ciudad que investiga el caso. El grado de indignación popular llevó al ayuntamiento a retirar el nombre de Duques de Palma a una de sus calles céntricas debido a la conducta poco ejemplar hacia el título.

Ex deportista profesional de balonmano, doble medallista olímpico, presentado en el pasado como el marido perfecto, Urdangarín es ahora el enemigo público número uno.

Está apartado de los actos oficiales de la corona y su perfil no aparece en el sitio en internet de la monarquía.