JOSÉ ROSALES
Exactamente S/.3’893.596 pagó el Gobierno Regional de Ica, entre enero y setiembre del 2011, a dos consorcios que obtuvieron la buena pro para construir los puentes Huaracco y Marccarencca, en el distrito de Río Grande, en la provincia de Palpa.
Estos puentes nunca llegaron a construirse.
Tras la adjudicación de estas obras y el desembolso del monto asignado, los consorcios San Fernando, que se adjudicó la construcción del puente Huaracco, e Ica Constructores, que se adjudicó el puente Marccarencca, decidieron abandonar los trabajos entre enero y marzo del 2012. Las autoridades regionales habían fijado la culminación de estos trabajos entre abril y diciembre del 2011.
Esta grave irregularidad motivó un informe técnico elaborado por el inspector de obra Nicasio Pillohuamán Flores, quien reveló diversas deficiencias en ambos viaductos como “la mala calidad del escaso material que se empleó en algunos muros inservibles y haberse falseado las valorizaciones”.
Tras esta grave irregularidad y ocho meses después de quedar abandonadas e inconclusas estas obras, la presidencia regional junto con la gerencia general celebró un nuevo contrato con el Consorcio Huaracco, el 26 de octubre del año pasado.
En esta oportunidad, destinaron S/.1’871.605 adicionales para que la construcción del puente concluya en un nuevo plazo de 105 días.
Pero, como ocurrió en la primera licitación, el plazo otorgado al Consorcio Huaracco se venció el 10 de febrero pasado y la construcción de este viaducto se sigue postergando con el consiguiente perjuicio para unos 5 mil pobladores que se dirigen a una veintena de centros poblados de los distritos de Soccos y Huaccuas, en Palpa.
Voceros del consorcio San Fernando, que reconocieron serios retrasos en la construcción del puente del mismo nombre, han asegurado a este El Comercio, sin embargo, que ya concluyeron con la construcción de los estribos, el acceso a la viga vehicular y el pontón, y se fabrican las vigas metálicas.
DENUNCIAS PENALES Un grupo de consejeros regionales, mientras tanto, aguarda que el procurador público regional, Guillermo Chang, formule la denuncia penal contra todos los funcionarios que resulten responsables de esta estafa al gobierno regional.
“En la denuncia se debe comprender al supervisor de obra, a los representantes del Consorcio San Fernando por los delitos de estafa, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir”, señalaron los consejeros Carlos Oliva Fernández Prada y Nora Barco de Gotuzo.