El movimiento opositor Rusia Abierta anunció su disolución debido a las duras leyes locales que restringen las actividades de organizaciones extranjeras calificadas como “indeseables”, su caso desde el 2017, por el Gobierno de Vladimir Putin, informó el director ejecutivo Andréi Pivorávov según recoge la agencia EFE.
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Rusia Abierta ha funcionado durante casi 20 años, dividida en dos etapas. La primera se remonta al 2001, cuando el oligarca Mijail Jodorkovski la registró como una fundación en el Reino Unido. Esta primera versión se encargó de promover diferentes proyectos educativos, apoyar al periodismo regional, realizar actos filantrópicos y defender los derechos humanos.
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En ese entonces, Jodorkovski era considerado el hombre más acaudalado de Rusia y el número 16 a nivel global, según la revista Forbes que estimaba su fortuna en 15 mil millones de dólares, gracias a su compañía energética Yukos, en su momento la principal compañía petrolera de Rusia.
Jodorkovski era, además, un acérrimo crítico del presidente Putin y su gobierno. En octubre del 2003 el magnate fue apresado en el aeropuerto de Novosibirsk acusado de evadir impuestos durante la década de los 90. Su arresto y el congelamiento de los activos de su compañía por parte del Gobierno terminaron sepultando su fortuna. En el 2005 lo condenaron a 9 años de prisión al sudeste de Siberia.
Ese mismo año, el Servicio de Impuestos realizó hasta tres investigaciones contra Rusia Abierta en menos de 12 meses, lo que fue interpretado por la organización como una maniobra para “mancillar la única estructura que queda en manos de Jodorkovski”.
Un año más tarde, Rusia Abierta cerró luego de que sus cuentas bancarias fuesen congeladas. “Una campaña sistemática de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades rusas había hecho imposible que la organización continuara su labor (en el 2006)”, describe la web de Jodorkovski.
En el 2008 Jodorkovski fue acusado de robo y blanqueo de capitales, siendo condenado a 14 años más de prisión en el 2010. Sin embargo, en el 2013 Putin le otorgó el indulto. Una de las condiciones era que el exoligarca se mantuviese alejado de la política. Según el gobierno ruso Jodorkovski aceptó, él por su parte asegura que accedió a hacerlo hasta mayo del 2014 cuando finalizaba su primera condena.
Dos años más tarde, Jodorkovski decidió establecerse en Londres.
SEGUNDA ETAPA DEL MOVIMIENTO
El 20 de septiembre del 2014 Jodorkovski anunció el relanzamiento de Rusia Abierta, durante una teleconferencia transmitida por YouTube en la que reunió a diferentes activistas y personalidades de distintas zonas de Rusia.
“La Rusia Abierta busca unir a ciudadanos que viven tanto dentro como fuera de Rusia, que comparten los valores europeos de un estado fuerte, dinámico y con visión de futuro, basado en instituciones democráticas eficaces y el estado de derecho. Rusia Abierta permitirá que estos ciudadanos se comuniquen y trabajen juntos, hagan oír su voz y se movilicen de manera efectiva en la causa de intereses y objetivos comunes”, detalla la web del exmagnate.
La misma página hace énfasis en que Rusia Abierta no es una organización política sino una “alianza horizontal” entre personas y grupos que buscan un cambio.
Esta nueva versión de la organización tuvo un mayor enfoque en el respaldo a medios de comunicación independientes y al apoyo legal a quienes consideraba presos políticos. Además, organizaron diferentes foros y charlas para abordar temas que iban desde la reforma del sistema sanitaria hasta la lucha anticorrupción.
“ORGANIZACIÓN INDESEABLE”
En abril del 2017, la Fiscalía General de Rusia anunció que Rusia Abierta sería designada como una “organización indeseable” por el Gobierno. Junto a ella también se enlistaron al Movimiento Cívico Rusia Abierta y al Instituto para una Rusia Moderna, de Mijail Jodorkovski y su hijo Pavel respectivamente.
Esta designación se ampara en el artículo 20.33 del Código Penal de Rusia que desde julio del 2015 señala que tanto el fiscal general como otros miembros del Ministerio Público pueden designar como “indeseable” a una organización, aunque no precisa los parámetros en los que se deben basar.
“La definición de la ley es bastante vaga: cubre a las organizaciones que presentan amenazas a la preparación para la defensa, la seguridad, el orden social o la salud de la población rusa (...) la ley no precisa cómo debe ocurrir o por qué motivos”, explicó en ese entonces el periodista de Mediazona, Maxim Litavrin, al periódico digital Meduza.io.
“El Fiscal General indica que Rusia Abierta se agregó al registro porque supuestamente organizó programas ‘con el objetivo de desacreditar los resultados de las elecciones en curso en Rusia al describirlas como ilegítimas’. Los representantes del movimiento han dicho que la acusación puede estar relacionada con las protestas de “Nadoyel” (“Ya hemos tenido suficiente de él”), durante las cuales los manifestantes instaron colectivamente a Vladimir Putin a no postularse para otro mandato”, añade Litavrin en la misma entrevista.
La legislatura vigente plantea una multa de entre US$78 y US$234 a quienes colaboren con alguna “organización indeseable”, aunque existe la posibilidad de que la sanción aumente en casos particulares. Actualmente, el Parlamento Ruso estudia la posibilidad de aumentar dicha multa a entre US$4 mil y US$6.800 o penas de hasta cuatro años de cárcel, según EFE.
La calificación de Rusia Abierta como “indeseable” fue ampliamente rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Una de ellas fue Amnistía Internacional que a través de su director en Rusia, Sergei Nikitin, calificó a la organización como “víctimas del sistema”.
“Estas no son las primeras organizaciones prohibidas en Rusia como ‘indeseables’, pero es la primera vez que las autoridades prohíben un grupo de la sociedad civil fundado por rusos y que actúa sólo en Rusia. Desde su creación, Rusia Abierta ha hecho mucho por apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país y por denunciar el deplorable historial de derechos humanos de Rusia”, dijo Nikitin.
En diciembre de ese mismo año, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación bloqueó la web de Rusia Abierta como parte de las sanciones en su contra.
En febrero de este año, además, un tribunal ruso dictó una pena suspendida de cuatro años de cárcel contra Anastasia Shevchenko, activista de Rusia Abierta, acusándola de pertenecer a una organización “indeseable”. Fue el primer juicio contra miembros de grupos incluidos en esta lista por el Gobierno Ruso. A la fecha, 31 organizaciones son consideradas “indeseables” en Rusia.
En el anuncio de hoy, el director ejecutivo de Rusia Abierta, Andréi Pivorávov, insistió en que “todos los miembros del movimiento fueron excluidos y su membresía anulada, para evitar cualquier tipo de persecución”.
El Gobierno Ruso, por su parte, negó que la disolución del grupo sea parte de una “purga política”. “El espacio político no se limita a Rusia Abierta. Es mucho más rico y multifacético. Por ello la disolución de un movimiento no significa la purga del espacio político”, dijo el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por EFE.
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