El primer ministro Abdalá Hamdok, rostro de la ansiada transición hacia un régimen civil democrático en Sudán, anunció su dimisión el domingo por la noche, dos meses después del golpe de Estado militar en el país y tras jornadas de violenta represión.
En un discurso en la televisión pública, Hamdok admitió que había fracasado en su intento de lograr un consenso y alertó de que la “supervivencia” de Sudán está hoy “amenazada”.
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Según él, las diferentes fuerzas políticas en este país que emergió en 2019 de una dictadura islamista-militar de 30 años dirigida por Omar al Bashir, están demasiado “fragmentadas”. A ello se suma que los dirigentes civiles y militares tienen posturas irreconciliables para que un “consenso” ponga fin a “un baño de sangre” y torne realidad la consigna de la revuelta de 2019: “Libertad, paz y justicia”.
Este execonomista de la ONU que logró que parte de la deuda de Sudán fuera enterrada y lo sacó del aislamiento internacional, no ha tenido un momento de descanso desde el golpe del 25 de octubre de 2021.
Ese día, el general Abdel Fattah al Burhan, responsable del ejército, ordenó su arresto domiciliario. Y junto a él el de todos los que encarnaban esa transición hacia un régimen civil desde 2019.
El general Burhan prolongó su mandato por dos años y un mes después de disolver las instituciones, volvió a colocar a Hamdok en el puesto de primer ministro pero tras haber reemplazado a numerosos responsables de esta transición civil.
“Ni asociación ni negociación”
Al aceptar un acuerdo con Burhan, Hamdok deja de ser un héroe y se convierte en un traidor para muchos sudaneses. Los manifestantes que criticaban a Burhan en las calles, también pasaron a criticarlo a él. En un país dirigido por militares prácticamente en los últimos 65 años, gran parte de los ciudadanos no quiere “ni asociación ni negociación” con el ejército.
Y lo dicen alto y claro aunque pongan en peligro su vida, como ocurrió este domingo, cuando miles de sudaneses volvieron a salir a las calles y tres de ellos murieron a manos de las fuerzas de seguridad, tiroteados y apaleados.
Desde el 25 de octubre, al menos 57 civiles han fallecido en la violenta represión de estas protestas y centenares han resultado heridos.
Las fuerzas de seguridad bloqueaban desde la madrugada del domingo los puentes que unen Jartum con sus suburbios y las principales arterias de la capital, como hacen cada vez que se convocan manifestaciones contra el golpe.
Además, las autoridades volvieron a cortar durante horas el acceso al internet móvil así como el funcionamiento de los teléfonos móviles. Y miembros de las fuerzas de seguridad vigilaron a los transeúntes desde blindados armados con ametralladoras pesadas.
Pese a este despliegue, miles de manifestantes acudieron este domingo a la convocatoria “en memoria de los mártires” de la sangrienta represión.
“Poder al pueblo”
Los manifestantes pidieron de nuevo el regreso de los militares a los cuarteles y fueron dispersados violentamente al acercarse a los alrededores del palacio presidencial, según un periodista de la AFP en el lugar.
Los manifestantes subrayan que en 2022 debe “seguir la resistencia” y piden justicia no solo para los civiles muertos desde el golpe, sino también para las más de 250 personas muertas durante la “revolución” popular de 2019, que forzó al ejército a echar a al Bashir.
Además de los muertos y los cortes de telefonía y de internet, la ONU denuncia la violación de al menos 13 manifestantes en diciembre, en un país que, desde su independencia hace 65 años, casi siempre ha estado bajo el control de los militares.
Los países europeos ya han expresado su indignación ante la escalada de violencia, al igual que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y la ONU.
Todos abogan regularmente por la vuelta al diálogo como condición previa a la reanudación de la ayuda internacional cortada tras el golpe de Estado.
Blinken ya advirtió de que Estados Unidos estaba “listo para responder a todos aquellos que quieren impedir que los sudaneses sigan aspirando a un gobierno civil y democrático”.
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