Japón ejecutó el martes a tres prisioneros en el corredor de la muerte, las primeras penas capitales aplicadas desde diciembre de 2019, indicó una fuente del gobierno, que defiende este controvertido castigo ante los continuos “crímenes atroces”.
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Japón, con más de 100 condenados en el corredor de la muerte, es uno de los pocos países desarrollados que todavía aplica la pena capital, una medida con amplio apoyo público a pesar de las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos.
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Se trata de las primeras ejecuciones bajo el mando del primer ministro Fumio Kishida, que asumió el cargo en octubre y ganó unas elecciones generales ese mismo mes.
Una portavoz del ministerio de Justicia indicó que uno de los ejecutados era Yasutaka Fujishiro, de 65 años, que mató con un martillo y un cuchillo a su tía de 80 años, dos primos y otras cuatro personas en 2004.
Los otros dos fueron Tomoaki Taknezawa, de 54 años, y su cómplice Mitsunori Onogawa, de 44, acusados de matar a dos dependientes en una sala de juegos recreativos en 2003.
En Japón, las penas suelen aplicarse largo tiempo después de la sentencia, y siempre mediante ahorcamiento.
“Mantener o no la sentencia a muerte es un asunto importante que afecta a los fundamentos del sistema de justicia criminal de Japón”, dijo el jefe adjunto de la secretaría del gabinete, Seiji Kihara.
“Dados los crímenes atroces que siguen ocurriendo uno tras otro, es necesario ejecutar aquellos cuya culpa es extremadamente grave, con lo que es inapropiado abolir el castigo capital”, añadió.
Estas ejecuciones ocurren apenas días después de que un incendio intencionado el viernes matara a 25 personas en una clínica mental en la ciudad de Osaka.
En 2019, la justicia nipona ejecutó a 3 presos; un año antes, a 15, trece de los cuales eran miembros de la secta Aum Shinrikyo acusados por el mortífero ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
Después de largos años de espera, los reos en el corredor de la muerte no conocen su ejecución hasta horas antes de que ocurra. Dos prisioneros han denunciado al gobierno por este sistema, que tildan de ilegal y causante de angustia psicológica.
Ambos buscan una compensación de casi 200.000 dólares por el estrés causado por la incertidumbre sobre la fecha de ejecución.
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