El gobierno de Guatemala impuso un estado de sitio en el Estor Izabal al norte de la capital guatemalteca luego de enfrentamientos registrados entre pobladores que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y policías enviados por el gobierno a defender las operaciones de estos.
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El estado de sitio fue publicado el domingo en el Diario Oficial y durará 30 días a partir de que entre en vigencia para lo cual debe ser ratificado por el Congreso de la República. La presidencia dispuso también que el Ejército participe de las acciones de seguridad mientras duré el estado de sitio.
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Entre los derechos constitucionales limitados están la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, de reunión y manifestación, la tenencia de armas y de locomoción limitado de de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente.
El decreto publicado el domingo en el Diario Oficial justifica la imposición del estado de sitio debido a “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y seguridad de los habitantes en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”.
Durante dos días miles de policías se enfrentaron con pobladores, campesinos e indígenas lanzándoles gases lacrimógenos y reprimiéndoles violentamente, mientras lluvias de piedras se lanzaban desde ambos lados dejando varios heridos.
Periodistas locales denunciaron que durante los enfrentamientos miembros de las fuerzas policiales amenazaron a estos para no grabarles, fotografiarles ni hacer su trabajo reporteril.
La Procuraduría de Derechos Humanos denunció el sábado que el conflicto es en torno a la consulta de pueblos indígenas sobre las operaciones de la mina Fenix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiaria de Solway Investment Group de capital ruso y suizo, que extrae metales como níquel, y que estos pueblo no habían sido consultado para la implementación de estos megaproyectos.
La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de operaciones de la mina debido a que para su operación no se consultó a los pueblos originarios del lugar, por lo que ordenó que se realizara dicha consulta.
La procuraduría dijo que desde principios de mes pobladores realizan plantones y manifestaciones en el área para exigir que sean incluidos en el proceso de consulta que ordenó la Corte de Constitucionalidad.
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