Mientras los seguidores más violentos de Donald Trump tomaban el miércoles el Capitolio, lucían sus armas y vandalizaban las oficinas de los congresistas, graficando un de los capítulos más increíbles y vergonzosos de la historia de Estados Unidos, en los pasillos de la Casa Blanca se empezaba a hablar de la enmienda 25. Es decir, de la posibilidad de destituir al presidente, pese a que le quedan dos semanas en el cargo.
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Pero no solo en la Casa Blanca. Cerca de 100 legisladores han pedido que Trump sea removido de la presidencia, incluyendo Chuck Shumer, el flamante jefe de la mayoría demócrata en el Senado, y la propia Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y la tercera en la línea del poder, quien además no ha descartado promover otro juicio político contra el aún mandatario.
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Estos son los alcances de la enmienda 25 y de un ‘impeachment’ contra Donald Trump:
¿Es posible destituir al presidente al final de su presidencia?
Sí, es posible, pero para que se pueda concretar quienes invoquen esta enmienda corren contra el tiempo. Aunque aún son especulaciones, la idea ha sido discutida, de manera no oficial, por miembros del propio gabinete de Trump, que además estarían pensando renunciar, según revela “The Washington Post” y otros medios que han tenido acceso a fuentes dentro de la misma Casa Blanca.
Según estas informantes, quienes están cerca de dimitir serían el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Matthew Pottinger; y el subjefe de gabinete, Chris Liddell.
La secretaria de Transportes, Elaine Chao, ya presentó su renuncia. Chao es además esposa de Mitch McConnell, el republicano de mayor cargo en el Senado.
Adicionalmente, ya han renunciado la subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Matthews; la jefa de gabinete de la primera dama, Stephanie Grisham; y la secretaria social de la Casa Blanca, Anna Cristina Niceta, todas muy cercanas y leales a Trump y su familia.
¿Qué dice la enmienda?
La enmienda 25 a la Constitución señala la vía para que un presidente sea destituido del cargo, sea de manera temporal o definitiva al considerar que no está capacitado para cumplir con su deber o porque es inadecuado para la presidencia. Este escenario se plantea cuando el mandatario no quiere renunciar o no puede hacerlo.
¿Desde cuándo se estableció?
El Congreso ratificó la enmienda en 1967 y se planteó tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, cuando se sembraron muchas dudas tras el tiroteo. Si Kennedy hubiese sobrevivido, pero quedaba incapacitado para gobernar no había una opción para trasladar el poder al entonces vicepresidente.
La enmienda fue escrita justamente para tener un escenario ante la incapacidad física y/o mental del mandatario de Estados Unidos y también puede ser invocada de manera voluntaria por ellos mismos.
Así ocurrió en 1985 durante la presidencia de Ronald Reagan, quien le transfirió personalmente el poder a su vicepresidente, George Bush, al someterse a una cirugía de colon. Lo mismo pasó en el 2002 y 2007, cuando George W. Bush le encargó el mandato a su vicepresidente, Dick Cheney, también por dos operaciones que implicaban que estuviera bajo anestesia general.
Sin embargo, nunca se ha invocado la enmienda 25 para destituir expresamente a un presidente.
¿Cómo sería la destitución?
Al invocar la enmienda, el vicepresidente y una mayoría del gabinete determinan que el mandatario “no puede cumplir con los poderes y deberes del cargo”.
Si el presidente responde que sí es capaz de reanudar su trabajo, y el vicepresidente y el gabinete no lo cuestionan, éste recupera el poder. Pero si dudan de su capacidad, es el Congreso quien toma la decisión.
Durante esta etapa, que puede durar unas horas o días, es el vicepresidente -en este caso, Mike Pence- quien asume la jefatura de la Casa Blanca.
En el Congreso se necesita una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para ratificar la salida de Trump; es decir, 67 senadores y 290 representantes. Con la actual mayoría demócrata en ambas cámaras, la aprobación se da por descontada.
Como explicó a Reuters Paul Campos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Colorado, la Cámara de Representantes simplemente podría retrasar la votación hasta el 20 de enero, día en que termina oficialmente el mandato de Trump y empieza el gobierno de Joe Biden.
“Pence podría convertirse instantáneamente en presidente, mientras que el juicio político y la condena podrían llevar al menos unos días”, señaló.
¿Trump podría ser sometido a juicio político?
Sí, pero sería la opción que tomaría más tiempo. En este caso, el caso para el ‘impeachment’ lo presenta la Cámara de Representantes señalando los cargos contra el mandatario por participar “de un delito grave o falta”.
Esta figura se utilizó hace un año cuando Trump fue sometido a juicio político por haber presionado al Gobierno de Ucrania para que investigue al entonces candidato Joe Biden por supuestos actos de corrupción. El caso naufragó en el Senado pues los republicanos tenían mayoría.
Sin embargo, desde que se presentan los cargos hasta la votación pueden pasar meses.
Los demócratas pueden persistir con el juicio político y si el Senado lo condena, Trump no podría regresar a la presidencia, si es que intenta postular nuevamente en el 2024.
¿De qué delitos graves podría ser acusado Trump?
Horas antes de que el Congreso iniciara la sesión para ratificar a Joe Biden, Trump se presentó en un mitin ante sus seguidores en Washington DC alentándolos a marchar hacia el Capitolio.
“Nunca nos rendiremos. Nunca cederemos. Eso nunca pasará. No se concede cuando se trata de un robo. Nuestro país ya ha tenido suficiente. No lo soportaremos más”, le dijo a la turba enardecida. “Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, añadió.
Todo eso puede ser calificado de fomento a la sedición, como explica a Reuters Frank Bowman, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Missouri. Sin embargo, agregó que también se le puede acusar de deslealtad a la Constitución e incumplimiento de su juramento.
“El delito esencial sería uno contra la Constitución, por intentar socavar en esencia los resultados legales de una elección celebrada legalmente”, dijo Bowman.
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