“Sabes, poner un confinamiento nacional, las órdenes de permanecer en casa, es como un arresto domiciliario (...) Aparte de la esclavitud, que fue un tipo diferente de restricción, esta es la mayor intromisión en las libertades civiles en la historia de Estados Unidos”.
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Estas declaraciones, realizadas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, la noche del miércoles han encendido la polémica en el país más golpeado por la actual pandemia de coronavirus.
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Uno de los primeros en salir a declarar en contra de lo afirmado por Barr fue el representante de la mayoría demócrata en la Casa de Representantes, el congresista James Clyburn, quien calificó la comparación como “la cosa más ridícula y espantosa que jamás haya escuchado”.
“La esclavitud no se trató de salvar vidas, sino de devaluarlas”, añadió el miembro afroamericano de mayor rango del Congreso en conversación con CNN.
El profesor de leyes en Harvard Laurence Tribe le dijo a USA Today que consideraba lo dicho por Barr como una “comparación obscena”.
“Solo un tonto malvado podría hablar de esa manera", agregó.
“Dejando a un lado la ofensa, Barr comparando los encierros con la esclavitud es históricamente absurdo”, escribió en Twitter por su parte el fundador de la web de noticias políticas Talking Points Memo, John Marshall.
Cabe resaltar que en Estados Unidos, donde al cierre de este artículo se contabilizan más 6,6 millones de casos y 197.244 muertes a causa del Covid-19 según datos de la Universidad Johns Hopkins, nunca se impuso una cuarentena nacional. La disposición de la Administración Trump fue que cada estado decidiera las medidas a tomar frente a la pandemia.
El debate sobre el confinamiento pronto se politizó en el país que está a mes y medio de celebrar elecciones presidenciales donde Trump se presenta para la reelección.
En ese sentido, Barr, la cabeza del Departamento de Justicia, siempre se mostró del lado del presidente. Una actitud repetitiva desde que asumió el cargo en febrero del 2019.
ESCUDERO PRESIDENCIAL
Nacido en Nueva York, siendo el segundo de cuatro hijos en un matrimonio entre dos profesores universitarios, William Pelham Barr estudió en la Universidad de Columbia antes de mudarse a Washington D.C. para trabajar como analista de Inteligencia en la CIA.
Luego de trabajar por seis años en la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos, Barr desarrolló su carrera entre cortes de apelación e importantes firmas de abogados antes de trabajar como consultor jurídico en la Casa Blanca durante la Administración Reagan.
Posteriormente llegó al Departamento de Justicia, donde construyó una sólida carrera que lo ha llevado a poder presumir que a los 70 años ha ocupado en dos oportunidades el cargo de Fiscal General, equivalente al Ministro de Justicia.
La primera vez fue durante el mandato de George Bush padre, mientras que la segunda es la actual, con Trump ocupando la Casa Blanca.
Cuando Barr consiguió la aprobación del Senado para ocupar el puesto en reemplazo de Jeff Sessions, aún se desarrollaba la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible intromisión de Rusia en los comicios presidenciales del 2016 y la vinculación de Trump con la trama, denominada Rusiagate.
Su experiencia en el cargo durante el mandato de Bush llevó a que quienes apoyaran su nominación consideren que podría brindarle estabilidad a la oficina judicial.
Esta percepción, sin embargo, no tardó en ponerse en duda. Primero fue en marzo, cuando demoró en publicar el informe elaborado por Mueller sobre el Rusiagate, el mismo que luego fue reemplazado por una interpretación que no hizo más que sumar dudas al proceso.
La crítica fue tal que en abril Mueller le escribió una carta a Barr acusándolo de provocar “confusión pública sobre aspectos críticos de los resultados”.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, Barr discrepó con un informe presentado por el mismo Departamento de Justicia que refutaba los señalamientos de Trump sobre un ilegal espionaje del FBI hacia su campaña.
El hecho de que Barr no dudara en enumerar los errores procesales del informe, rechazara las conclusiones y calificara a la campaña de Trump como “víctima de la narrativa completamente falsa que fue en gran medida promovida y promocionada por una prensa irresponsable”, llevó a que el Fiscal General sea pronto apodado como “el abogado del presidente”.
VIOLENCIA POLICIAL: NUEVO PUNTO DE CHOQUE
El más reciente de estos episodios lo protagonizó frente al Congreso Estadounidense, a donde fue citado en julio por las acciones tomadas por el Gobierno Federal frente a las manifestaciones desatadas en el país en protesta por la violencia policial.
Tal como se recuerda, durante las marchas por la muerte de George Floyd, afroamericano asesinado por policías blancos en Minnesota, se registraron diversos actos violentos que llevaron a que el presidente Trump disponga el despliegue de la Guardia Nacional y presione a los gobernadores a responder “con mano firme” ante quienes en algún momento llegó a tildar de terroristas.
“Desde cuándo está bien intentar quemar un tribunal federal (...) La demonización de la Policía no sólo es injusta e inconsistente con los principios de que todas las personas deben ser tratadas como individuos, sino que también es gravemente perjudicial para las comunidades en los centros urbanos”, dijo Barr ante las críticas de los legisladores por “inundar” las calles con fuerzas federales para “reprimir por la fuerza y de manera inconstitucional la disidencia”.
Lejos de haber cambiado de opinión, y en línea con la posición de Trump frente al tema, la noche del miércoles, además de la desafortunada comparación entre confinamiento y esclavitud, Barr exhortó a los fiscales a reprimir firmemente los episodios de violencia que se puedan generar durante las masivas protestas contra la violencia policial en el país.
Hasta el momento, los detenidos en este tipo de manifestaciones bordean las 300 personas, quienes enfrentarán cargos federales.
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