Estados Unidos dio este jueves un primer paso para limitar el poder de sus presidentes para usar la fuerza contra posibles enemigos, una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso pero que se trasladó parcialmente a la Presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Con el apoyo de los dos partidos y del actual mandatario, Joe Biden, la Cámara de Representantes de EE.UU. anuló una legislación aprobada en 2002 para permitir el uso de la fuerza en Irak y que dio un mayor poder al presidente por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
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En concreto, esa legislación de 2002 autorizó al entonces presidente George W. Bush a tomar las acciones que considerara “necesarias y apropiadas” para defender la seguridad nacional de EE.UU. frente a la amenaza que suponía entonces Saddam Hussein, al que EE.UU. acusaba de esconder armas de destrucción masiva.
Cuando EE.UU. se retiró de Irak, esa ley siguió en vigor y ha sido usada por diferentes presidentes -incluidos Barack Obama y Donald Trump- para atacar a grupos terroristas en Irak, aunque ya no existía ningún vinculo con Hussein.
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Con el paso de los años, el apoyo a esa legislación ha disminuido, especialmente entre los demócratas, que creen que el Congreso debe reclamar el poder que le da la Constitución para declarar la guerra.
“Esto es algo que se esperaba desde hace tiempo”, dijo antes del voto en la Cámara Baja la promotora de la iniciativa, la demócrata Barbara Lee, una de las representantes de California.
“Es responsabilidad del Congreso autorizar el uso de la fuerza y esa autorización no pueden ser cheques en blanco que cada Administración use como mejor le parezca”, aseveró.
Después de la revocación del proyecto de ley en la Cámara Baja, el balón está ahora en el tejado del Senado, que podría comenzar a considerar la medida la próxima semana.
Aunque se derogue la ley de 2002, todavía seguiría en vigor otra legislación aprobada en 2001 para autorizar la invasión en Afganistán y que, desde entonces, ha sido usada por todos los presidentes de EE.UU. para justificar ataques contra grupos terroristas en todo el mundo, incluido el Estado Islámico (EI).
El debate en torno a esa ley es más complejo, ya que algunos legisladores creen que podría incentivar ataques terroristas y debilitar la posición de EE.UU. en el mundo.
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