En los albores de Estados Unidos, el Gobierno se encargó de separar a los hijos de familias de nativos americanos para llevarlos a colegios internados. El objetivo era asimilarlos a la nueva cultura de la nación.
El resultado, sin embargo, fue terrible. Tortura, explotación laboral y muerte.
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“El País” da detalles: “Les arrebataban de los brazos de sus padres, les cambiaban el nombre, les cortaban el pelo, les impedían hablar su idioma o practicar su religión y costumbres, les imponían disciplina marcial. Muchos no sobrevivieron y fueron enterrados al lado de los colegios en que estaban internados”.
Quien presentó esta información fue la secretaria de Interior de EE.UU., Deb Haaland, cuyos “abuelos paternos” fueron enviados a uno de estos internados, gestionados por el gobierno federal en colaboración con organizaciones e instituciones religiosas.
“Las consecuencias de las políticas federales de internado indígena, incluyendo el trauma intergeneracional causado por la separación de la familia y la erradicación cultural infligida a generaciones de niños desde tan solo cuatro años, son desgarradoras e innegables”, sostuvo.
Haaland habla de asimilación forzada y anunció que se investigarán las 408 escuelas federales que existieron entre 1819 y 1969.
Hasta el momento, se sabe que más de 500 niños murieron y que fueron enterrados “marcados o sin marcar” cerca de 53 escuelas. Todo indica que bastará con seguir escarbando para dar con muchos más.
El informe también hace referencia a que estos niños trabajaban en “ganadería, agricultura, avicultura, ordeño, fertilización, explotación maderera, fabricación de ladrillos; cocina, confección de ropa”. Pero, “bajo la apariencia de una supuesta educación”, se validaba el trabajo infantil.
Y agrega:
“Las normas a menudo se hacían cumplir mediante castigos, entre ellos castigos corporales como el aislamiento, la flagelación, la privación de alimentos, azotes, bofetadas y esposas. [...] A veces se obligaba a los niños indios mayores a castigar a los menores”.
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Sobre la participación de las iglesias, el informe anota:
“El Gobierno Federal [también mantuvo] relaciones con instituciones y organizaciones religiosas para [sostener] el sistema federal de internados indios. Las reservas indígenas ‘fueron distribuidas entre las principales denominaciones religiosas, las cuales, en una delegación de poder sin precedentes por parte del Gobierno Federal a los cuerpos eclesiásticos, recibieron el derecho de [...] dirigir actividades educativas”.
Y añade:
“Como parte del sistema federal de internados indios, [se] contrató a varias instituciones y organizaciones religiosas, incluida la Asociación Misionera Estadounidense de la Iglesia Congregacional, la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana, la Junta de Misiones Nacionales de la Iglesia Presbiteriana, la Oficina de Misiones Católicas de la India y la Iglesia Episcopal Protestante ‘para pagar una cierta suma por cada alumno’”.
Una posible reacción
“Situaciones similares se han vivido en otras partes del mundo. Durante la dictadura en Argentina, por ejemplo, se llevaron a los hijos de los supuestos subversivos -que, en realidad, solo eran gente de izquierda- para que ‘no terminaran siendo guerrilleros’”, comenta el analista argentino radicado en Estados Unidos, Hernán Molina.
“Así fue que muchos niños terminaron viviendo en la casa de militares o con familias de buen nombre”.
Pero como la investigación liderada por Haaland llega desde el oficialismo, habría que suponer que el Gobierno se disculpará. “Creo que van a pedir perdón y proponer programas para compensar el daño”, agrega Molina.
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No sería una novedad.
“El Mundo” lo explica: “Desde que fueran reducidos por el hombre blanco a vivir en reservas, los indios han conseguido a cambio una serie de derechos exclusivos que han aprovechado para explotar la ley a su favor: aquellos territorios se encuentran bajo la jurisdicción de cada tribu, de modo que tienen el privilegio de gestionar un gran número de juegos de apuestas con relativa libertad gracias a que existe un importante descontrol legal”.
Se trata de la Ley para la Reglamentación del Juego en las Tierras Indígenas de 1998. La idea es que, por lo menos el 60% de los ingresos sea “destinado a proyectos que mejoren las condiciones de vida en las comunidades”.
Aunque es difícil saber la siguiente jugada de la gestión Biden, Molina cree que es poco probable que existan críticas de la oposición republicana. Hay dos razones importantes.
“No creo que se pongan en contra porque en Estados como Dakota del Norte y del Sur, Montana o Carolina del Norte, hay tribus que vivieron lo que ahora se denuncia”.
“Y porque, políticamente, sería un error. En todo caso, los conservadores también pueden ofrecer otras miradas para solucionar este tipo de problemas”.
Además…
Abusos sexuales
En Estados Unidos, las mujeres indígenas "tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir crímenes de violencia sexual que las de cualquier otra etnia", cuenta "El Diario.es" con información del sistema de justicia estadounidense. Además, "al menos en el 86% de los casos conocidos de violaciones o agresiones sexuales a mujeres indígenas, las supervivientes afirman que los agresores son hombres no indígenas".
El precedente
Todo apunta a que la investigación del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se gestó a partir de la que se sucedió en Canadá el año pasado.
En mayo, la Federación de Naciones Indígenas Soberanas (FSIN) publicó un informe en el que afirmaba haber encontrado en la Columbia Británica “los restos de 215 niños indígenas en el jardín de un internado”.
No fue necesario escarbar mucho más para dar con más casos similares. En junio, dieron con “751 tumbas sin marcar en una fosa común en un internado” ubicado en la provincia de Saskatchewan, lugar en donde antes operó la Escuela Residencial Indígena Marieval.
Estos hallazgos terminaron por dar sentido a lo que se venía discutiendo años antes gracias al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
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Se sabe, dice la BBC, que entre 18962 y 1998, “más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá” que solían ser administrados por la Iglesia Católica.
El medio recuerda que los niños y niñas vivieron en edificios mal construidos -”con poca calefacción e insalubres”- y bajo presión sistemática para dejar de hablar su lengua y abandonar sus costumbres.
El resultado de los abusos, sostuvo la CVR, se estimó en seis mil niños muertos.
El Gobierno canadiense, enterado del destape, tomó la palabra. Su primer ministro, Justin Trudeau, declaró:
“Muchos sufrieron negligencia y no se les alimentó, vistió o albergó de forma adecuada. Otros sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales. Todos fueron privados del amor y los cuidados de sus padres, familias y comunidades”.
“A todos ustedes, lo sentimos”.
Sus disculpas, sin embargo, no fueron aceptadas por el “gran jefe de la nación innu, uno de los grupos indígenas afectados por el internamiento en las residencias escolares en Terranova y Labrador, Greg Rich”. Él respondió:
“Nuestros ancianos no están listos para aceptar una disculpa realizada sólo sobre una pequeña parte de nuestra experiencia”.
Y recién en abril de este año, la Iglesia Católica pidió perdón. “Todo esto ha suscitado en mi indignación y vergüenza”, sostuvo el papa Francisco luego de reunirse con " indígenas canadienses de los Inuit, Métis y Primeras Naciones, que le contaron las torturas y abusos que sufrieron en los internados”.
El Sumo Pontífice añadió:
“Estoy muy dolido y me uno a los obispos en pedirles perdón, porque es evidente que no se puede transmitir la fe con algo que está totalmente alejado de la misma fe. Es terrible cuando en nombre de la fe se comete un acto contra el evangelio”.
Además…
La minoría LGTB
Amnistía Internacional investigó, entre el 2003 y el 2005, la situación de la violencia contra la comunidad LGTBIQ+ por parte de las fuerzas del orden y lo publicó bajo el nombre "Stonewall. Seguir exigiendo respeto", dando cuenta de las violaciones y otras formas de abuso. Entre sus conclusiones, se destaca "que la discriminación por motivos de género suele ir asociada a otras formas de discriminación, como las que tienen por origen la etnia y la clase social"; y que, a pesar de "algunas iniciativas positivas adoptadas por el sistema judicial", la comunidad sigue "sufriendo graves abusos policiales, que en algunos casos equivalen a tortura y malos tratos”.
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