La Policía de Tampa, Florida, recibió una denuncia contra unos exoficiales y el dentista forense que inculparon -con exámenes fraudulentos- al ciudadano estadounidense Robert DuBoise, quien estuvo en la cárcel por más de 37 años por presunto homicidio, informó la agencia AP.
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Robert DuBoise, que fue liberado en agosto del 2020, presentó una querella ante un tribunal federal estadounidense para acusar a tres exdetectives, un exsargento y un dentista forense de inventar pruebas en su contra para que sea inculpado por el asesinato y violación de Barbara Grams en 1983.
Durante las indagatorias, los investigadores notaron una herida en la mejilla de la mujer, que confundieron con una lesión dejada por el atacante al morderla, por lo que tomaron moldes dentales de los sospechosos en cera de abeja, material no autorizado para realizar este tipo de procedimientos.
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Richard Souviron, dentista demandado, certificó en los análisis que la mordedura de Robert DuBoise encajaba con las halladas en la víctima.
“La única prueba física que lo implicaba era una prueba fabricada que, supuestamente, asociaba a DuBoise con una lesión en el cuerpo de la víctima. De hecho, la lesión de la víctima no era en absoluto una marca de mordisco humana”, apuntó Daniel Marshall, abogado de la parte acusadora.
El recurso judicial interpuesto por la defensa de DuBoise explica que los investigadores ejecutaron una maniobra ilegal que atentaba contra sus principios para inculpar al ciudadano y, además, que conspiraron con informantes de la cárcel para implicar al supuesto atacante.
Un caso que genera indignación
A los 18 años, Robert DuBoise fue arrestado y condenado a la pena capital hasta que en 1988 le redujeron la sanción a cadena perpetua. Sin embargo, en el 2020 logró ser exonerado por la Unidad de Revisión de Condenas de la Fiscalía estatal del condado de Hillsborough tras encontrar muestras de ADN no analizadas de un kit de violación del caso.
Los materiales no presentaban coincidencias con el paquete genético del condenado, quien tiene 56 años.
El objetivo del afectado es ser indemnizado con 1,85 millones de dólares por los daños y perjuicios generados durante el tiempo que vivió preso de manera injusta, pero se tiene que esperar la aprobación del Legislativo de Florida para recibir su compensación.
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