Los diputados británicos adoptaron el lunes en primera lectura un controvertido proyecto de ley con el que Reino Unido busca liberarse de las disposiciones aduaneras posbrexit en Irlanda del Norte, que la Unión Europea considera ilegal y ya comenzó a contraatacar.
La reforma fue adoptada en la Cámara de los Comunes por 295 votos a favor contra 221 tras un debate que empezó por la tarde. El proyecto debe seguir ahora su tramitación parlamentaria hasta la adopción definitiva.
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“Hay barreras inútiles al comercio de Gran Bretaña hacia Irlanda del Norte, y todo lo que decimos es que podemos terminar con ella sin amenazar de ningún modo el mercado único europeo”, declaró Boris Johnson desde Alemania, donde participaba en una cumbre de líderes del G7.
El primer ministro pidió “flexibilidad” a la Unión Europea que, desde que conoció las intenciones del gobierno británico, no ha dejado de denunciar una actuación unilateral y amenazado con tomar represalias comerciales.
Alegando la carga que suponen los controles -cuya aplicación se ha aplazado repetidamente- para las empresas y la necesidad de mantener la paz, Londres decidió legislar tras meses de negociaciones infructuosas con Bruselas. También espera acabar con la parálisis de las instituciones locales norirlandesas.
El tiempo apremia según el gobierno británico, ya que los unionistas del DUP, que ven en el protocolo norirlandés -negociado y firmado en el marco del Brexit- una amenaza para el lugar de Irlanda del Norte en Reino Unido, se niegan a participar en la asamblea y el ejecutivo de la provincia mientras no se abandonen los controles.
Las instituciones no pueden funcionar sin ellos debido a la cogobernanza prevista por el acuerdo de paz de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia que dejó 3.500 muertos.
La victoria en las elecciones locales a comienzos de mayo de los republicanos del Sinn Fein, favorables a la reunificación de la isla, acentuó los temores del DUP.
Procedimiento de infracción
En un comunicado, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, reiteró la posición de Londres de que el protocolo de Irlanda del Norte “socavaría” el “delicado equilibrio” del acuerdo del Viernes Santo, que selló la paz entre los leales a la corona británica y los republicanos favorables a la reunificación.
El proyecto de ley “resolverá los problemas que el protocolo ha creado, garantizando que las mercancías puedan circular dentro del Reino Unido, evitando al mismo tiempo una frontera dura y protegiendo el mercado único europeo”, sostuvo.
Asegurando la preferencia de Londres por una solución negociada, la jefa de la diplomacia británica consideró que el rechazo europeo a revisar el protocolo significaba que Reino Unido estaba “obligado” a actuar.
Pero para los europeos, el texto británico es “tanto ilegal como irreal”, dijo el domingo el embajador de la Unión Europea en Reino Unido, João Vale de Almeida.
“Estamos comprometidos con encontrar soluciones prácticas” sobre la aplicación del protocolo, continuó en Sky News, “pero no podemos empezar a hablar si la base es decir que todo lo que acordamos antes debe ser descartado”.
La ex primera ministra británica Theresa May, que dimitió cuando el Parlamento no respaldó su acuerdo de divorcio para el Brexit, coincidió en que el texto es “ilegal” y “no alcanzará sus objetivos”.
Y el primer ministro irlandés, Michael Martin, advirtió que “toda decisión unilateral de violar el derecho internacional es un movimiento mayor y grave”.
Según el proyecto británico, las mercaderías destinadas a permanecer en Irlanda del Norte, y por tanto en el seno del mercado británico, se beneficiarían de un canal “verde” que evitaría los controles.
Un canal “rojo” sería para las mercancías que pudieran entrar en el mercado de la Unión Europea a través de Irlanda, que tendrían que declararse, mientras que los controles se realizarían en Gran Bretaña.
Tras la presentación del proyecto de ley británico, la Unión Europea anunció el relanzamiento de un procedimiento de infracción, en suspenso desde septiembre de 2021, por violación del protocolo, así como la puesta en marcha de otros dos, por incumplimiento de los “controles necesarios” en materia sanitaria y fitosanitaria y por datos comerciales incompletos dados a la Unión Europea.
También presentó con mayor detalle sus propuestas hechas, en vano, al gobierno británico en octubre pasado, que según la Unión Europea permitían reducir considerablemente los controles y las formalidades aduaneras de una amplia gama de mercancías destinadas únicamente a Irlanda del Norte.
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