Campesinos cocaleros liberaron este jueves a 180 militares que habían retenido dos días antes cuando realizaban operaciones antinarcóticos en un poblado de la frontera con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.
Según el ejército, el martes campesinos armados con palos y machetes rodearon a las tropas que estaban destruyendo cultivos de coca en Tibú, un municipio del departamento de Norte de Santander que concentra los mayores sembradíos a nivel mundial de esta planta usada para extraer cocaína.
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Pero en la tarde del jueves, de manera “unilateral” los cocaleros decidieron “retirarse del lugar y no impedir el trabajo de la fuerza pública”, aseguró en un comunicado la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que vela por los derechos humanos.
Más temprano, el presidente Iván Duque había acusado a los cocaleros de “secuestro” y les había advertido que las autoridades actuarían en la zona si no se daba la “liberación rápida” de los uniformados.
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Un equipo de la AFP vio cuando los campesinos se retiraron de la escuela donde estaban retenidos los uniformados, que siempre conservaron su armamento. “El ejército no fue víctima de ningún tipo de violencia, secuestro”, dice un comunicado divulgado por los cocaleros.
En la tarde, un grupo de uniformados dialogó con los labriegos con la mediación de la Defensoría del Pueblo.
“El cerco humanitario se realizó con el fin de evitar posibles violaciones a los DDHH (...) por los antecedentes ocurridos en el año 2020 en labores de erradicación en los municipios de Cúcuta y Sardinata”, donde murieron dos campesinos, agrega el texto.
Los cocaleros suelen chocar con los militares que arrancan los plantíos.
“No han querido entrar en confrontación y eso lo valoro por el profesionalismo (...) pero ciertamente estas prácticas no pueden seguir en el país”, reclamó Duque antes de la liberación.
“Acuerdo Voluntario”
“La situación termina aquí con un acuerdo voluntario por parte de las comunidades”, explicó a la AFP Jhon Ascanio, funcionario de derechos humanos y quien participó en la mediación.
Los habitantes de la zona “manifiestan que no hay más alternativa ni presencia integral del gobierno (...) que solo hay presencia a través de la fuerza publica. Ese es el malestar”, agregó Ascanio.
Tibú, en el departamento de Norte Santander, forma parte de la llamada región del Catatumbo, el territorio con más narcocultivos del mundo.
En la zona hay unas 40.084 hectáreas sembradas con hoja de coca, según el último informe de la ONU de 2020.
Rebeldes de la guerrilla ELN y disidentes de la exguerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 operan en la zona lucrándose de las rentas del narcotráfico.
Según la Defensoría del Pueblo, los campesinos reclaman desde hace tiempo el fin de la erradicación forzada y un programa de sustitución de cultivos que les facilite fuentes de ingresos diferentes a la coca.
Duque ha redoblado la persecución del narcotráfico mediante la eliminación de los sembradíos, que realizan manualmente los soldados.
Pese a la persecución, miles continúan sembrando coca, especialmente con la mano de obra de colonos y migrantes venezolanos que huyen de la crisis social y económica de su país.
Con una cifra récord de producción de 1.010 toneladas en 2020, Colombia se mantiene como el mayor exportador mundial de cocaína y Estados Unidos como el principal consumidor de esa droga.
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