Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años. Nueve años después, se conocen nuevas revelaciones que confirman la participación directa en el caso del crimen organizado en complicidad con policías y autoridades civiles y militares.
El diario estadounidense The New York Times tuvo acceso a unos 23.000 mensajes de texto inéditos que fueron interceptados por la DEA en el 2014, y a declaraciones de testigos y documentos de la investigación.
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Tras analizar el material, la conclusión a la que llega el NYT es que prácticamente todas las ramas de gobierno en el estado de Guerrero llevaban meses trabajando en secreto para el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del secuestro de los estudiantes. Así, este cártel de la droga tenía a su disposición toda la maquinaria del Estado no solo para traficar droga con total libertad, sino que le fue fácil interferir en la investigación y ocultamiento de este caso no resuelto.
De los mensajes se desprende que uno de los comandantes de la policía incluso persiguió a los rivales del grupo criminal por orden de Guereros Unidos.
También se confirma que el secuestro y muerte de los estudiantes se debió a un error de la organización criminal Guerreros Unidos.
El día de los hechos, los estudiantes que viajaban en autobuses fueron emboscados a tiros por la policía en la ciudad de Iguala.
Un total de 43 de jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos. Estos criminales creían que formaban parte de un cártel rival que les iba a disputar su territorio. Además, una investigación posterior a los hechos concluyó que en uno de los autobuses tomados por la fuerza había droga camuflada por ese cártel para ser trasladada hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.
La complicidad de los militares y policías
Según el New York Times, la DEA interceptó los 23.000 mensajes en el 2014 mientras investigaba el tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Nunca compartieron con México los mensajes porque no confiaban en sus autoridades. Recién los entregaron el año pasado.
Los documentos consultados por el New York Times establecen que los militares sobornados por los narcos estaban monitoreando de cerca el secuestro de los estudiantes pero nunca acudieron a socorrerlos.
La nueva evidencia revelada permite saber ahora que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y a algunos se les mantuvo con vida durante días, con conocimiento de la policía y los militares.
Según el diario estadounidense, una declaración jurada de un socorrista que estaba en la nómina del cártel dice que recibió dos llamadas telefónicas la noche de los secuestros. En una de ellas uno de los comandantes de la policía le preguntó “a quién debía entregar los ‘paquetes’”, refiriéndose a los secuestrados, y en otra un asesino del cártel le preguntó quién le traía “los paquetes”.
Dicho socorrista tenía otro trabajo no oficial: reunir información para el cártel. Durante meses envió a un líder de Guerreros Unidos actualizaciones al minuto sobre todos los movimientos de las fuerzas del orden.
El medio informó también que según un miembro del cártel, algunos de los estudiantes fueron llevados a una casa, asesinados y descuartizados y posteriormente quemados en el crematorio propiedad de la familia de un forense, que también estaba en la nómina del cártel.
El integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.
Ese forense era el encargado de enviar al cártel fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes.
También civiles a la orden del cártel
En los mensajes de texto interceptados por la DEA, los traficantes de droga y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.
También hablan con los funcionarios del gobierno mexicano comprados a través de sobornos, a quienes incluso insultan y amenazan.
“¿Quieres que ponga en orden a la prostituta de tu concejal, o lo matamos?”, le preguntó un miembro del cártel a un alcalde local.
El alcalde respondió: “Yo te lo traigo. Es un buen trabajador”.
Un teniente incluso armó a sicarios vinculados al cártel Guerreros Unidos y, según un testigo, ayudó a la policía a intentar ocultar su participación en el crimen de los estudiantes.
Mientras que un forense habló de recibir automóviles del cártel y declaró su lealtad a un líder de Guerreros Unidos en Chicago, llamándolo “mi jefe”. “Nunca te daré la espalda”. “Ustedes son como mi familia”.
¿Por qué los secuestraron y asesinaron?
¿Por qué el cártel Guerreros Unidos ejecutó a los 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no estaban involucrados en el crimen organizado?
El New York Times sostiene que en los meses previos al secuestro, de acuerdo con las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, pues estaba asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales narcos.
Entonces, cuando decenas de estudiantes llegaron a Iguala y tomaron los autobuses, que eran muy parecidos a los que el cártel usaba para contrabandear droga a Estados Unidos, los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacarlo.
Han pasado nueve años del crimen y hasta ahora nadie ha sido sentenciado. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de militares y policías en el secuestro, en particular las del poderoso ejército.
A principios de este mes, el Gobierno Mexicano informó que se han iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas involucradas en el caso, incluyendo a 32 miembros del cártel y a 49 policías municipales.
También se han presentado cargos contra al menos 14 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además…
Cronología de los hechos
26 de septiembre del 2014. Mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al ser atacados por policías, militares y criminales del cártel Guerreros Unidos. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedaron en calidad de desaparecidas. Posteriormente 14 fueron localizadas, por lo que el número de desaparecidos quedó en 43 estudiantes.
29 de septiembre. Veintidós policías municipales de Iguala son trasladados a un penal en Acapulco. Se les señalaba por ser probables responsables de los seis homicidios.
30 de septiembre. Iñaky Blanco Cabrera, procurador general de Guerrero, confirma la versión de que los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.
4 de octubre. Policías federales y de Guerrero encuentran seis fosas clandestinas en Iguala. En ellas hay un número indeterminado de cadáveres y se presume que podrían corresponder a los desaparecidos.
5 de octubre. Dos delincuentes afirmaron que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.
6 de octubre. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) vincula al alcalde de Iguala, Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la delincuencia organizada.
14 de octubre. Suman casi 50 detenidos por el caso, luego de que la PGR informara de la detención de 14 policías de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. Se les señala de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 alumnos a criminales.
Jesús Murillo Karam, el titular de la PGR, afirma que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a la identidad de los alumnos desaparecidos.- 17 17 de octubre. Detienen a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.
22 de Octubre. La PGR imputa a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, así como al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas.
7 de noviembre. La PGR declara a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Los padres desconfían y envían partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria.
7 de diciembre. El laboratorio de Innsbruck identifica a uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.
27 de enero del 2015. Jesús Murillo Karam presenta la versión de los hechos aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “La verdad histórica”. Esta versión señala que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel Guerreros Unidos.
1 de marzo. Llega a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. .
15 de abril del 2015. El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús. Hasta ese momento, no se le había tenido en cuenta en la investigación.
11 de mayo. El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.
6 de septiembre. El GIEI cuestiona “la verdad histórica” y señala el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen de los estudiantes.
9 de febrero del 2016. El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia que no se encontraron ni evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
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