Quién es Silvinei Vasques, el exjefe policial acusado de interferir en las elecciones de Brasil

Este miércoles 9 la Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo la Operación Constitución Ciudadana, una redada en la que se ejecutó una decena de órdenes de registro y allanamiento contra exagentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), y que incluyó el arresto del exdirector de aquel cuerpo policial, Silvinei Vasques, acusado de intentar sabotear la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022 en favor del entonces mandatario Jair Bolsonaro.

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Las intervenciones de la PF, ordenadas por el Supremo Tribunal Federal, se produjeron en el Distrito Federal de Brasilia y en los estados de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte y Santa Catarina. En este último estado, en la ciudad de Florianópolis, fue intervenido Vasques.

Vasques fue retirado del cargo en diciembre del 2022 tras ser acusado de mala conducta administrativa. La investigación en su contra gira en torno a que Vasques habría ordenado llevar a cabo más de 500 operaciones de tránsito en las principales carreteras al noreste del país durante la segunda vuelta electoral, celebrada el 30 de octubre del año pasado, con la intención de retrasar o impedir la llegada a los centros de sufragio de los seguidores del líder izquierdista Lula da Silva.

Vasques, nacido en Ivaipora, Paraná, se unió a la PRF en 1995 y pasó sus primeros años en la fuerza desempeñando labores administrativas y de gestión en distintas áreas. Posteriormente fue nombrado superintendente en los estados de Santa Catarina y Río de Janeiro para luego convertirse en coordinador general de Operaciones.

Graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC); en Derecho en la Universidad do Vale do Itajaí (Univali); en Seguridad Pública en la Universidad del Sur de Santa Catarina (Unisul); y en Administración de Empresas en la Universidad Estadual de Santa Catarina (UDESC), Vasques fue secretario municipal de seguridad pública y transporte en el Municipio de São José, en Santa Catarina, entre los años 2007 y 2008.

En el 2021 el entonces presidente Bolsonaro lo designó director general de la PRF.

Sin embargo, la carrera policial de Vasques pudo haber concluido pocos años después de iniciada, pues en el 2000 fue objeto de una investigación interna tras agredir al empleado de una gasolinera en Cristalina, Goiás.

Según documentos obtenidos por CNN Brasil, la víctima identificada como Gabriel de Carvalho Rezende detalló en su denuncia contra Vasques que fue agredido a golpes y patadas luego de informarle al oficial que en la estación de servicios no lavaban autos.

Pese a que la investigación concluyó con la recomendación de expulsar a Vasques de la PRF, esta no se llevó a cabo porque el caso prescribió.

Vasques era un abierto seguidor de Bolsonaro, al punto de que en plena segunda vuelta llegó a subir a su cuenta de Instagram una historia invitando a que votasen por la reelección del líder de extrema derecha.

Según la investigación de la PF, Vasques habría planeado el bloqueo de vías en el noreste del país desde inicios de octubre dada la clara preferencia de la que gozaba Lula en aquella zona. Por orden del Tribunal Electoral, sin embargo, las operaciones viales fueron suspendidas y la mayoría de votantes pudo llegar sin contratiempos a su centro de sufragio. Lula terminó imponiéndose en dicha región con casi el 70% de los votos.

Ante el evidente intento del jefe policial, el Partido de los Trabajadores (PT) llegó a exigir su arresto esa misma jornada. Sin embargo, no fue hasta el 20 de diciembre que se anunció mediante el Diario Oficial de la Unión la destitución de Vasques, y ese mismo mes la PRF le otorgó la jubilación anticipada, pese a tener tan solo 47 años.

Vasques, quien en todo momento ha negado el uso de la fuerza policial con fines electorales, justificó las operaciones ante el Congreso de Brasil durante una audiencia celebrada en junio de este año. En su comparecencia, el exjefe policial aseguró que los retenes se debían a que era la región con más accidentes y delitos electorales en el país.

Los cargos que se le imputan actualmente son los de prevaricación, violencia política e intento de impedir o entorpecer el sufragio ciudadano.