Un atentado con carro bomba dejó un muerto y veinte heridos frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, un municipio colombiano limítrofe con Venezuela donde el ejército desplegó tropas recientemente, informaron autoridades este jueves.
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El ataque se produjo antes de la medianoche del miércoles y fue perpetrado por guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según un comunicado del mando militar.
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El vehículo estalló frente a edificios oficiales y una sede de derechos humanos, donde más temprano se había llevado a cabo una reunión de líderes sociales.
La explosión mató a un vigilante y lesionó a veinte personas más, dijo el ministro de Defensa Diego Molano, que encabezó un consejo de seguridad en la región fronteriza.
A raíz del atentado, las autoridades impusieron el toque de queda nocturno en la mayor parte del departamento de Arauca, incluida la capital homónima y los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita.
Este “acto terrorista fue planeado y financiado desde Venezuela” por las disidencias de las FARC, sostuvo Molano en una declaración a los medios.
El atentado también causó daños en un centenar de locales comerciales, viviendas y sedes oficiales. “Los explosivos utilizados para esta acción terrorista fueron trasladados a Colombia desde Venezuela”, insistió el funcionario.
- Sanguinaria disputa -
El presidente Iván Duque rechazó “el miserable atentado”. “Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados”, escribió el mandatario en Twitter.
Entre las instalaciones dañadas están las de dos medios de comunicación, Trochando sin Fronteras y Sarare Estéreo. “Los periodistas nos reportaron daños en antenas y equipos”, señaló la Fundación para la Libertad de Prensa en un mensaje por redes sociales.
La zona fronteriza con Venezuela es uno de los mayores focos de la violencia que siguió al pacto de paz de 2016 en Colombia.
Las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa, libran desde hace un año una disputa a sangre y fuego por las rentas derivadas del narcotráfico, según el gobierno.
El ministro Molano anunció millonarias recompensas por los jefes de ambas organizaciones en la frontera, entre ellos alias Antonio Medina, Arturo y Ferley, jefes de las disidencias y señalados del más reciente atentado con explosivos.
- Amenazas de muerte -
Sin relaciones diplomáticas, los gobiernos de Colombia y Venezuela se lanzan dardos con frecuencia por la violencia en el territorio limítrofe.
Duque culpa a la “dictadura” de Nicolás Maduro que, según él, protege a los grupos armados en su territorio, mientras Caracas niega los señalamientos.
Aunque el grueso de los rebeldes de las FARC se desmovilizó en 2017, quedaron activas disidencias sin mando unificado que se disputan el control territorial con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia.
El responsable de derechos humanos de Saravena, José Luis Lazo, denunció que un jefe rebelde de la disidencia había dado la orden de atacar a los activistas de derechos humanos en el departamento de Arauca.
Alias Antonio Medina, del llamado Frente 28, mediante un audio de Whatsapp, ordenó “el homicidio de líderes comunales, defensores de derechos humanos y personas de empresas comunitarias de transporte y servicios públicos”, comentó el funcionario en entrevista con W Radio.
Sin embargo, no precisó las motivaciones de los guerrilleros.
A inicios de año, los dos grupos se enfrentaron en varios municipios de Arauca. Casi 30 personas murieron y cientos resultaron desplazados huyendo de los choques, según cifras oficiales.
Desde entonces el gobierno ha desplegado a unos 1.300 soldados que se unieron a los más de 5.600 efectivos que ya operaban en la zona.
El ELN cuenta con unos 2.500 integrantes y las disidencias de la FARC suman cerca de 5.200 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz.
Los grupos armados luchan por el control del narcotráfico, de acuerdo al gobierno de Colombia, mayor productor del polvo blanco.
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