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Historiadores, archivos y bicentenario; por José de la Puente Brunke

“Lo urgente hoy es dotar a la documentación histórica que queda en nuestros archivos de las mejores condiciones de conservación”.

José de la Puente Brunke Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUCP

Pinillos

“A lo largo del siglo XX, y hasta nuestros días, siguen dándose episodios vergonzosos de robos de documentos en nuestros archivos”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero)

Los papeles viejos, custodiados por lo general en los archivos, constituyen en buena medida la base del trabajo del historiador. Este “re-crea” el pasado, a partir del planteamiento de preguntas, surgidas de sus intereses, de sus experiencias de vida y de sus preocupaciones por el presente. Un elemento que suele también entrar en juego es la imaginación, con la cual muchas veces el historiador debe llenar los vacíos dejados por los documentos. La imaginación es muy útil como herramienta para pensar sobre el sentido del pasado, o para plantear escenarios “contrafactuales”: lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Se trata de los “futuros no acontecidos”, sobre los cuales han reflexionado los historiadores desde la antigüedad hasta nuestros días.

Ese es el tema que aborda el libro de los historiadores franceses Quentin Deluermoz y Pierre Singaravélou, que ha sido recientemente traducido al español bajo el título de “Hacia una historia de los posibles: Análisis contrafactuales y futuros no acontecidos” (Buenos Aires, Sb editorial, 2018). El libro demuestra cómo el “razonamiento contrafactual” no ha sido simplemente un ejercicio retórico o lúdico, sino que con frecuencia ha sido muy útil en el trabajo del historiador para pensar sobre “los desafíos de la causalidad y la verdad”.

La lectura de ese libro hace ver lo apasionante y valioso que es el trabajo del historiador. Al mismo tiempo, sin embargo, leyéndolo desde el Perú, uno no puede sino lamentar el desinterés del Estado por las tareas historiográficas, y en particular el descuido con el que se mira el funcionamiento de las instituciones que custodian buena parte de la “materia prima” de ese trabajo: los archivos.

El itinerario del patrimonio documental peruano es dramático: robos, saqueos, incendios y otros incidentes lo han mermado grandemente. Quizá el caso más triste sea el de la documentación virreinal que el flamante Estado Peruano heredó en 1821. Hoy queda en los archivos una fracción de lo recibido. Sería interesante hacer un ejercicio contrafactual en torno a lo que sabríamos hoy si esos papeles no se hubieran perdido; y en torno a cómo ese conocimiento, y los análisis consiguientes, hubieran podido señalar un derrotero distinto a nuestro devenir republicano. Pero no necesariamente lo interesante es lo urgente. Y lo urgente hoy es dotar a la documentación histórica que queda en nuestros archivos de las mejores condiciones de conservación, y permitir a los historiadores su consulta de modo adecuado y oportuno.

Carlos Contreras nos advertía hace pocos días, en estas mismas páginas, de la importancia del Archivo General de la Nación, como institución que resguarda buena parte de la memoria peruana, y de las deficientes condiciones materiales en las que funciona. Por otro lado, también la memoria peruana se resguarda en los archivos regionales –no dependientes presupuestalmente del Ministerio de Cultura–, que requieren también de urgente atención, para lo cual debemos apremiar a los gobernadores regionales.

Parece mentira que a estas alturas de nuestra historia tengamos que esforzarnos por poner de relieve la importancia de nuestros archivos, cuando ya desde el siglo antepasado se han hecho esas advertencias, de parte de peruanos muy meritorios y esforzados que los valoraron. Y parece mentira porque lo que esos personajes dijeron hace más de 140 años podría ser aplicable a nuestra realidad. Así, el 25 de julio de 1876, en un artículo publicado precisamente en El Comercio, José Toribio Polo lamentaba la desorganización de los archivos, y denunciaba el desdén del Estado frente a los investigadores que trabajaban “con modestia y en silencio”. Y el 13 de abril de 1878, siempre en este mismo Diario, afirmaba que el Archivo Nacional estaba “tan polvoriento y revuelto como todos los del país”. Ricardo Palma, por su parte, se quejó, en un artículo publicado en “El Correo del Perú” el 25 de octubre de 1874, de la indiferencia de las autoridades frente a la documentación histórica, que se destruía o quedaba arrinconada “entre espesa capa de polvo, dando sabroso alimento a ratones y polilla”. Es más, a lo largo del siglo XX, y hasta nuestros días, siguen dándose episodios vergonzosos de robos de documentos en nuestros archivos.

Sería extraordinario que, ante la proximidad del bicentenario, se tomara la decisión política de hacer realidad el proyecto de sede definitiva del Archivo General de la Nación, para lo cual ya se le ha asignado un terreno en Pueblo Libre, tal como lo explicó Contreras en su artículo. Con ello el Estado daría un apoyo decisivo a la conservación de la memoria del Perú. De no hacerse, nos expondremos a que dentro de algunas décadas los historiadores lo lamenten, y hagan un análisis contrafactual sobre lo que hubiera ocurrido si en el 2019 se hubiera tomado la decisión de apoyar a nuestro principal Archivo.

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